Uno de los puntos más brillantes de la presente administración han sido las reformas estructurales, entre ellas la bancaria, gracias a lo cual contamos con un sector financiero fortalecido, con adecuada solvencia, liquidez, baja morosidad y buen gobierno corporativo; así como la reforma de la administración fiscal, con un conjunto de leyes, cuya aplicación íntegra representa uno de los principales retos del nuevo Ministro de Hacienda.
Desde el 1996, en la primera gestión del Dr. Fernández, se emitió el decreto No. 581-96 con el objetivo de diseñar un programa de administración financiera (PAFI), en marzo del 1998 el directorio del BID aprobó el convenio de préstamo por US$12 millones para apoyar el programa, sin embargo un Congreso de mayoría perredeísta postergó el conocimiento del préstamo durante dos años y fue aprobado justo al mes del ascenso del agrónomo Hipólito Mejía, en cuya gestión fue promulgada en julio del 2001 la Ley que creó la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (126-01).
Con el inicio de la segunda gestión del Dr. Fernández y el programa económico con el FMI se acelera la reforma de la administración fiscal y hasta agosto del 2006 fueron aprobadas la Ley de Tesorería Nacional (567-05), Crédito Público (6-06), Compras y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones del Estado (340-06).
Luego de obtener el PLD la mayoría congresional en las elecciones del 2006, se da un nuevo impulso al proceso y en menos de cinco meses se aprobaron la Ley Orgánica de Presupuesto (423-06, de Organización de la Secretaría de Hacienda (494-06), Sistema de Administración Financiera del Estado (SIAFE) (Ley 5-07), Ley de Contraloría (10-07), Modificación de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 449-06) y también fueron aprobadas la ley de creación de la Secretaría de Economía (496-06) y la que establece el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (498-06).
Una de las piezas fundamentales de esta reforma de la administración fiscal lo constituye la Ley 5-07 que establece el Sistema de Administración Financiera del Estado, que incluye entre otros el establecimiento en cada institución pública una Dirección Administrativa Financiera (DAF) que debe coordinar su accionar con la Secretaría de Hacienda y los órganos rectores del SIAFE. Una herramienta tecnológica clave del SIAFE lo representa el Sistema de gestión Financiera Fiscal (SIGEF) que entre otros va a posibilitar mayor transparencia, confiabilidad, seguridad y la posibilidad de contar con estados financieros actualizados permanentemente.
La implementación íntegra de este marco regulatorio, comenzando con la implementación del SIAFE y el SIGEF en todas las instituciones públicas, el establecimiento definitivo de la cuenta única de tesorería y por supuesto el cumplimiento de todas las leyes, van a permitir una administración fiscal más eficiente, transparente, que cumpla con los objetivos de la política macro-económica y con las metas del Plan Estratégico de Desarrollo 2010-2030.
El cumplimiento íntegro del conjunto de leyes derivadas de la reforma de la administración fiscal representa una asignatura pendiente y uno de los principales retos del nuevo Ministro de Hacienda.