La administración pública en la República Dominicana se rige por una serie de principios fundamentales diseñados para garantizar la legalidad, transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos y la toma de decisiones. Entre estos principios destaca el principio de interdicción de arbitrariedad, que impide que los funcionarios públicos actúen de manera caprichosa o injusta, asegurando así una administración más justa y equitativa.

El principio de interdicción de arbitrariedad está intrínsecamente ligado al Estado de derecho, en el cual la administración pública debe actuar con apego a la ley y los principios generales del derecho. Este principio se encuentra plasmado en varias normativas y jurisprudencia nacionales e internacionales que rigen el actuar de los servidores públicos.

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El principio de interdicción de arbitrariedad está consagrado en la Constitución de la República Dominicana. El artículo 138 de la Constitución establece que la administración pública debe actuar con “objetividad, imparcialidad, equidad, transparencia, economía y celeridad”. Asimismo, el artículo 39 garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe cualquier forma de discriminación, reforzando así la idea de que ninguna decisión administrativa debe ser arbitraria o injusta.

Además de la Constitución, la Ley No. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, es una pieza clave que incorpora este principio. En su artículo 3, la ley establece que las actuaciones administrativas deben ser «razonables, adecuadas a los fines establecidos por el ordenamiento jurídico y proporcionales a las circunstancias del caso».

La aplicación del principio de interdicción de arbitrariedad implica que cualquier acto administrativo debe estar debidamente motivado y fundado en el derecho. La motivación es esencial para garantizar la transparencia y permite a los ciudadanos entender las razones detrás de una decisión administrativa, así como ejercer su derecho a impugnarla si consideran que se ha cometido una injusticia.

La jurisprudencia dominicana también ha reforzado este principio. En diversas sentencias, el Tribunal Constitucional ha señalado la importancia de que las decisiones administrativas sean razonables y proporcionadas. Por ejemplo, en la sentencia TC/0014/12, el tribunal enfatizó que la administración pública debe evitar cualquier acto que carezca de fundamento legal o que se realice de manera caprichosa, ya que esto vulnera los derechos de los ciudadanos.

En el ámbito de las compras y contrataciones públicas, el principio de interdicción de arbitrariedad cobra una relevancia especial. La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, regula este aspecto y busca garantizar que los procesos de contratación sean transparentes y competitivos.

El artículo 3 de la Ley No. 340-06 establece que las contrataciones públicas deben realizarse de acuerdo con los principios de igualdad y libre competencia, y prohíbe cualquier discriminación arbitraria. Además, el artículo 22 de la misma ley exige que las decisiones de adjudicación de contratos se basen en criterios objetivos previamente establecidos en los pliegos de condiciones, lo cual evita la arbitrariedad y asegura que el proceso sea justo y transparente, o se supone que lo evita.

Para asegurar el cumplimiento del principio de interdicción de arbitrariedad, se han establecido diversos mecanismos de control y fiscalización. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana y la Dirección General de Contrataciones Públicas desempeñan un papel fundamental en la supervisión de las actividades administrativas y de contratación pública, siempre que esta supervisión sea preventiva y no reactiva. Estas instituciones tienen la responsabilidad de auditar y evaluar la legalidad, eficiencia y transparencia de las actuaciones administrativas, así como de sancionar cualquier irregularidad detectada de manera oportuna, siempre y cuando esto no perjudique el bienestar común y se garantice el respeto a los derechos fundamentales consagrados en la constitución.

El principio de interdicción de arbitrariedad es fundamental para una administración pública justa y eficiente en la República Dominicana. Este principio no solo protege los derechos de los ciudadanos, sino que también fortalece la transparencia y la legalidad en la gestión pública. La adecuada aplicación de este principio, respaldada por una sólida normativa y una jurisprudencia coherente, es esencial para evitar abusos de poder y garantizar que las decisiones administrativas sean razonables, proporcionales y ajustadas a derecho. En un Estado de derecho, la lucha contra la arbitrariedad es una garantía imprescindible para la democracia y el buen gobierno.