JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Uno de los valores más promovidos en esta etapa del desarrollo democrático universal es el de la transparencia. Se ha convertido en un principio fundamental del ejercicio político democrático y sello distintivo del desarrollo institucional. Donde no hay transparencia la democracia sino es fallida es al menos tullida.

 El viejo predicamento de que la princesa no sólo tiene que ser honesta, sino también parecerlo se ha transferido a la gestión de gobierno y por ello han proliferado en las democracias contemporáneas las leyes de libre acceso a la información pública y las concernientes a las compras, contrataciones y concesiones del Estado.

La legislación en pro de la transparencia no sólo afecta ya a la gestión estatal, sino también la de los mismos partidos políticos, y de ahí que se tienda a establecer firmes reglamentaciones para la elección de dirigentes y candidatos y rigurosos controles de las recaudaciones y el gasto, con las correspondientes sanciones para quienes los violen.

Nuestro país no ha escapado a la aprobación de una ley de Libre Acceso a la información pública, aprobada en julio del 2004 en las postrimerias del gobierno de Hipólito Mejía. Correspondió al presidente Leonel Fernández promulgar su correspondiente reglamento, mediante el decreto 130-05.

En correspondencia con los principios que norman esta legislación, desde el pasado gobierno se iniciaron los portales en la red de Internet de los principales organismos del Estado, los cuales se han multiplicado en la actual gestión gubernamental, cuando incluso se creó una Oficina Presidencial para la Tecnología y la Comunicación.

Otro avance legislativo fue la aprobación el año pasado de una nueva ley sobre compras, concesiones y contrataciones del Estado, después de muchos años buscando consensos para sustituir una legislación que ya no respondía a los requerimientos de estos tiempos.

Sin embargo esas legislaciones tropiezan con una acendrada cultura del chanchullo que sigue predominando en la gestión gubernamental y en el accionar de los partidos políticos.  Con el agravante de que ellos se alternan en el poder tratando de justificar las acciones ilegales y hasta la corrupción en que el antecesor hacía lo mismo.

Un ejemplo significativo ha sido el reciente arrendamiento del hotel Montaña, de Jarabacoa, a un mediano empresario ligado a las actividades artísticas, aparentemente sin más méritos en el ámbito hotelero que estar vinculado y ser un cooperante con el partido de gobierno, hasta el nivel de haber sido de los organizadores de las actividades políticas del presidente Leonel Fernández en su reciente viaje por ciudades norteamericanas.

El arrendamiento por 30 años, por la pírrica suma de 2 mil dólares mensuales, con los primeros diez años de gracia, no puede justificarse en la necesidad de rehabilitar esa unidad de la Corporación Hotelera del Estado, pues le pasó por encima a la Ley 141-97 de Reforma de la Empresa Pública, y a la Ley 340 sobre Compras, Contrataciones y   Concesiones.

Si como aduce el secretario de Turismo, Félix Jiménez, el contratante era el único interesado en el hotel, establecido en una privilegiada  área de 300 tareas, entonces no hay la menor justificación para que no se llamara a un concurso, que probablemente aquel ganaría. Pero se prefirió la violación de dos leyes fundamentales y aunque ya el hotel estaba bien avanzado en su reestructuración, se nos quiere convencer que se trata de una solución salvadora, mientras se escamotean datos sobre la contratación.

Ante el escándalo provocado por la venta de pagarés avalados por el Estado en el mercado internacional, las respuestas son ruidosas, de los políticos más que de los funcionarios. Basadas en que los otros hicieron lo mismo más que en argumentos jurídicos. Y tomando a los dominicanos y dominicanas por retrasados mentales se nos quiere convencer que recibir dinero con cargo a presupuestos futuros de los organismos estatales no es endeudamiento, y que aunque se originen en dólares obtenidos en el extranjero, no es endeudamiento externo.

Según esos argumentos, en lo adelante cualquier organismo del Estado podría vender papeles en el mercado internacional pagaderos con   los presupuestos de los próximos años. Por supuesto clandestinamente, sin informar aspectos tan básicos como  cuánto cuesta ese financiamiento. ¨No se viola   la ley de presupuesto, si en un año se ejecutan sumas a recibir en el futuro?

­Cuánta falta de transparencia y respeto a las leyes. Qué lejos estamos de la institucionalidad democr tica contempor nea.-