MIGUEL RAMON BONA RIVERA
Desde que se fundó la República en 1844, los impuestos aduanales constituyeron la principal fuente de sustentación de los ingresos del gobierno dominicano. Tanto es así, que en el pasado nuestras aduanas fueron varias veces intervenidas por gobiernos extranjeros para garantizar el pago de nuestra deuda externa con estos. Y durante los siglos de empobrecimiento y vicisitudes de nuestra época colonial, también fue así. Aparte del «Situado», que era la ayuda externa que nos llegaba de la metrópolis una o dos veces al año, los impuestos a las magras importaciones y exportaciones de la colonia fueron prácticamente la única fuente de ingreso del gobierno colonial.

Por otro lado, en los inicios de su desarrollo, todos los grandes países industrializados establecieron fuertes aranceles de aduanas como un mecanismo para propiciar el crecimiento de su incipiente base industrial, protegiéndola de la competencia externa.

Los impuestos aduanales en nuestro país no operaron como una barrera proteccionista, pues no había industria que proteger, sino como la fuente primordial de los ingresos del Estado.

Durante casi ciento cincuenta años de nuestra vida republicana, los impuestos a las importaciones -y en mucho menos medida a las exportaciones- tuvieron un peso decisivo en el total de los ingresos tributarios del gobierno. Hasta que finalmente se produjeron las grandes reformas estructurales de nuestro sistema impositivo, que habrían de introducir cambios sustanciales en la composición de los ingresos del erario público.

Con la llegada del Presidente Balaguer al poder en 1966, a partir de la ley 299 de incentivo industrial se producen algunos atisbos de proteccionismo arancelario, por cuanto dicha ley exonera de impuestos aduanales las materias primas y partes a ser ensambladas, mientras persisten los gravámenes contra los productos similares importados, estos últimos de mejor calidad.

Años más tarde, este modelo llamado de «Sustitución de Importaciones», se ve obstaculizado en su desarrollo pleno por la carencia de una competencia interna.

En efecto, bajo el argumento de que ya existe una «capacidad instalada» suficiente para satisfacer la demanda, las empresas ya instaladas se oponen en el Directorio de Desarrollo Industrial a la instalación de nuevas empresas similares que compitan por el mercado interno. Y esta carencia de competencia interna impide que dichas empresas mejoraran la eficiencia y la calidad que finalmente les permitiría competir con el producto importado.

Por lo demás, durante los doce años de gobierno del doctor Balaguer, los impuestos al comercio exterior continúan siendo la fuente principal de que se nutre el presupuesto general de la nación.

A partir de 1979, y como consecuencia de la política económica del nuevo gobierno, se inicia un proceso sostenido de devaluación de la moneda.

Se trata de extrapolar a nuestro país el modelo keynesiano de la «Demanda Inducida», mediante el cual el aumento desmedido del gasto público produce un incremento en la demanda que reactiva la economía. El modelo surte efecto en economías desarrolladas con un amplio parque industrial, con capacidad de producción ociosa capaz de reaccionar de inmediato con un aumento de la oferta agregada ante un crecimiento de la demanda agregada. Pero en una economía subdesarrollada y abierta, el aumento inusitado de la demanda se traduce en inflación y en un aumento de las importaciones que conduce al desequilibrio externo y a la devaluación.

A esto se sumó el choque de los aumentos de precio del petróleo de los años ochenta, lo que contribuyó a profundizar aún más los desequilibrios externos.

Como consecuencia, el frágil sistema de la paridad peso-dólar para el pago de las importaciones y exportaciones, comenzó a hacer agua.

Al principio el gobierno dispuso que cada vez más renglones de importación tuvieran que ser pagados con dólares propios adquiridos en el mercado paralelo, mientras reservaba las divisas del Banco Central que podían ser adquiridas a la par, para cubrir con ellas importaciones esenciales, tales como el petróleo y sus derivados, medicinas, alimentos y algunos bienes de capital.

Finalmente, el 23 de enero de 1985 se produjo la devaluación definitiva de la moneda nacional, cuando el gobierno dispuso que todas las divisas compradas al Banco Central tanto para el pago de las importaciones esenciales como para el pago de la deuda externa, tendrían que ser pagadas al mismo precio que tuviera el dólar en el mercado paralelo. Igualmente todas las divisas que el Banco Central adquiriese por concepto de nuestras exportaciones, tendrían que ser compradas por éste a los exportadores a la tasa de cambio del mercado paralelo.

El gobierno tendría ahora que buscar una forma de multiplicar sus ingresos para compensar el efecto de la devaluación en las finanzas públicas. Y la respuesta fue la implementación de un mecanismo multiplicador de los impuestos a las importaciones.