Por Margarita Melenciano Corporán*

La crisis institucional de la Cámara de Cuentas no tiene como base de sustentación debilidades imaginarias que solo se ponen de manifiesto ante la ignorancia, el desconocimiento y el desprecio del marco regulatorio constitucional, legal y normativo que rige la entidad fiscalizadora.

El pluralismo democrático que impera en la República Dominicana impide la creación de un órgano colegiado dirigido de manera unipersonal; aceptar esta propuesta equivale a eliminar los principios que sustentan la democracia y con ellos la pluralidad de las ideas y el debate público, seria entonces favorecer una dictadura.

La incapacidad para liderar de un funcionario jamás debería constituir una excusa para modificar la Ley No.10-04, que, si bien amerita ser adecuada a la Constitución vigente, se debe partir del conocimiento del texto de la legislación a ser adecuada, tomando en consideración las experiencias derivadas de la aplicación de la misma ley y sus oportunidades de mejora. República Dominicana requiere del fortalecimiento de los principios de transparencia, legalidad, oportunidad y buenas prácticas. Sin estos, la lucha contra la corrupción administrativa sería retórica infecunda. En el caso de las profundas diferencias que se observan en el actual equipo que integra el pleno de la Cámara de Cuentas, se requiere cabeza fría, inteligencia, conocimiento y mucho tacto, se impone la investigación objetiva, técnica y desapasionada de los hechos denunciados y concomitantemente con ella, la ponderación de las evidencias documentales que sustentan las denuncias.

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Preocupa a la sociedad dominicana la agresión y el sexismo que se advierte en la utilización descarada del término “las tres mujeres”. Ahí se evidencia la violencia patológica contra la mujer. ¿Por qué no decir sus nombres, las miembros, las funcionarias, las licenciadas, la vicepresidenta, la miembro secretaria del bufete directivo, la miembro de la Cámara de Cuentas. Primero respeto, después tomo conocimiento e investigo y, al final tomo la decisión adecuada, correcta y justa.

Descalificar de entrada es inaceptable. La democracia se fortalece a través del debate de las ideas y de la debida ponderación y aplicación de la Constitución y las leyes de la República. Poco importa la figura jurídica que se utilice, investigación o juicio político. Si el procedimiento es conforme a la ley, el resultado se corresponderá con la legalidad, la legitimidad y la justicia, anhelo fundamental de esta sociedad.

La sociedad en sentido general, los gestores de los poderes públicos y los actores políticos de primera línea tienen la obligación y el compromiso de preservar la institucionalidad de la Cámara de Cuentas y de los demás órganos extrapoder del Estado dominicano más allá de los intereses, caprichos o manías de sus incumbentes pasajeros. No olvidemos que la desinformación puede llevar a la población a convertirse en aliada de sus peores enemigos y en verdugo de los verdaderos ciudadanos comprometidos con la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón.