Hoy 
POR DIEGO PESQUEIRA
El procurador general Francisco Domínguez Brito afirmó ayer que el descargo a los implicados en la supuesta estafa contra el Estado en la importación y distribución de los invernaderos representa un estímulo a la impunidad, razón por la que anunció que apelará la sentencia.
Lamentó que la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional haya considerado insuficientes las pruebas que presentaron los fiscales para sustentar la acusación contra el grupo de ex funcionarios.
«Lo peor que nos pasa en la lucha contra la corrupción, es la cultura de impunidad», precisó.
La jueza Vanesa Acosta, del Segundo Juzgado de Instrucción, consideró insuficientes las pruebas para mantener la acusación y enviar a un juicio de fondo a los 21 implicados.
A juicio de Domínguez Brito el expediente que instrumentó el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, tiene los méritos necesarios para que los acusados fueran enviados a un tribunal criminal a responder por las irregularidades que se les imputan.
Aseguró que la decisión representa un estímulo a la corrupción administrativa y al delito de cuello blanco, los cuales dijo, hay que combatir por todos los medios, sin temor y con responsabilidad como forma de adecentar la función pública y acabar con la impunidad.
Alegó que «más de RD$500 millones fueron regalados a ex funcionarios y parece que no ha pasado nada». Y agregó, que «con la decisión del tribunal apoderado del caso, parece que los inculpados en vez de ser sancionados de manera ejemplar, lo que merecen es ser premiados, y con ello la prevaricación en el país».
Consideró que «situaciones como la señalada contribuyen a la pérdida de credibilidad de las instituciones encargadas de administrar justicia».
El pasado martes, en una audiencia que se extendió hasta la madrugada de ayer, la jueza Vanesa Acosta, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, favoreció esta madrugada con un auto de no ha lugar a los ex secretarios de Agricultura, Jáquez y José Antonio Fabelo. También a Epifanio Jáquez, Ramón Osiris Polanco, ex embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Sergio Uribe Castro, subsecretario de Agricultura y director del proyecto de Mercados Frigoríficos e Invernaderos (Promefrin), y a los hermanos Andrés, Fausto Porfirio y José Rafael Escarramán Hernández.
También a Manuel Augusto Santana, Leovigildo Bello Guerrero, Julián Abreu Peña, Julio Alejandro Trinidad Cruz, José Daniel del Rosario Valdez, José Sánchez Reyna, Francisco Alberto Collado Hernández, Juan Ramón Peguero Franco, Regino Valera de los Santos y Leonardo Francisco Sosa.
La jueza rechazó los cargos formulados por los fiscales contra el grupo por considerar insuficientes las pruebas para sustentar la acusación y levantó el impedimento de salida del país que tenían.
