En los último 10 años, se ha inyectado a la economía nacional alrededor de 67 mil millones de pesos a través del programa Progresando con Solidaridad, dijo la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández.

Señaló que esta inversión ha generado un efecto dinamizador en la economía logrando impactar de manera positiva a todos los agentes de la cadena comercial: productores, mayoristas y minoristas, ya que alrededor del 80% de estos montos han sido destinados al consumo de alimentos.

Cedeño de Fernández, quien dirige la política social del Gobierno, fue la oradora principal del almuerzo mensual que realiza la Cámara Americana de Comercio, y expuso sobre el tema “El impacto económico y social en una década de protección social”.

“Esto se verifica en la Red de Abastecimiento Social (RAS), que es donde transan cada mes, a través de una tarjeta de débito, las 823 mil familias beneficiarias y que en la actualidad sobrepasan los 5,000 establecimientos comerciales y emplean cerca de 20,700 personas”.

Aclaró que los beneficiarios que han sido categorizados como pobres, en las cuatro dimensiones (vivienda, composición familiar, acceso a los servicios básicos y educación); incrementan su capacidad de consumo con transferencias que inician con RD$825.00 mensuales para suplemento alimenticio y que alcanzan un promedio de RD$1,300 mensuales.

La vicepresidenta se refirió a un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, que señala que de estos establecimientos comerciales, más del 96% han experimentado un incremento en sus ventas; reciben mayores beneficios en promedio que los colmados que no pertenecen a la Red; y obtienen servicios financieros y otros beneficios de la banca comercial, por el hecho de pertenecer al programa.

Otro resultado del estudio que resaltó la doctora Cedeño de Fernández es que el 100% de los hogares beneficiarios compran arroz y aceite con los montos transferidos y más del 50% adquiere habichuelas, leche en polvo, azúcar, huevos, espagueti y salami.

“Esto implica que mensualmente más de 1,200 millones de pesos son destinados al sector agroindustrial vía las transferencias sociales”, aseguró Cedeño de Fernández.

Apuntó que las instituciones que han licitado y ganado los procesos para proveer los servicios y manejar las operaciones que sustentan este sistema; generan ingresos a través del cobro de tasas operativas sobre las transferencias y se benefician de la bancarización de una población de alrededor de 2 millones de personas, a quienes se han integrado al programa de educación financiera.

Combatir las desigualdades y erradicar la pobreza en nuestra sociedad es un imperativo moral y ético; un desafío para las políticas públicas que urgen para garantizar una sociedad justa y una economía sostenible, así como un compromiso político, señaló Cedeño de Fernández.