El proyecto de “Ley de Lemas” introducido al Congreso Nacional la semana pasada por el diputado Henry Sarraf fue derrotado en la primera vuelta con un rechazo tan contundente y generalizado que obligó a sus patrocinadores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a modificarlo, buscando hacerlo más potable.

Aún con la nueva versión que los perredeistas buscaban consensuar al caer la semana, persisten las objeciones básicas a un proyecto que además de inconstitucional y extemporáneo es calificado como una degeneración de la democracia a la medida de los intereses de un partido político incapaz de regirse a sí mismo.

En la opinión pública persiste la creencia de que el PRD podría imponer su mayoría mecánica en el Congreso Nacional, pero solitario, cada vez más aislado del resto de la sociedad, terminaría pagando un alto costo político que recalentaría la capilla ardiente en que se ha colocado por incapacidad para ejercer la democracia en su propio seno.

[b]UN RECHAZO GENERALIZADO[/b]

Lo que cosechó el proyecto encaminado a instituir la multiplicidad de candidatos por partido (hasta 5 en las presidenciales y tres para senadores) con sumatoria de votos fue una avalancha de rechazo por parte de la opinión pública, el liderazgo político y las instituciones de la sociedad civil.

Ni siquiera la generalidad de los perredeístas se han manifestado en apoyo al proyecto, ya que el senador Ramón Alburquerque se pronunció en contra, mientras el precandidato Emmanuel Esquea guardaba un generoso silencio, a petición de sus aliados Milagros Ortiz Bosch y Rafael Suberví Bonilla, que le pidieron no pronunciarse en contra como se proponía a principios de la semana.

En el resto de la comunidad partidista el proyecto no ha tenido la mínima acogida. Hay quienes, como el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Rafael Bello Andino, han evadido rechazarlo, pero su candidato presidencial, Eduardo Estrella, el secretario político Johnny Jones, como Federico Antún, Jacinto Peynado y la generalidad de los legisladores se han manifestado en contra.

En los ámbitos de la sociedad civil el rechazo ha sido contundente, incluyendo al siempre precavido mediador Monseñor Agripino Núñez Collado, la Comisión de Seguimiento a la Junta Central Electoral instituida por el Diálogo Nacional, las organizaciones empresariales encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Fundación Institucionalidad y justicia, el movimiento Participación Ciudadana y diversos sectores religiosos y sociales.

El proyecto llevó al Embajador de la Unión Europea, Miguel Amado, a renovar públicamente sus preocupaciones por el proceso electoral en marcha. Mientras en la Junta Central Electoral, su presidente Luis Arias, y el presidente de la Cámara Administrativa, Nelson Gómez, manifestaban su preocupación por las dificultades que implicaría un cambio sustancial en el sistema electoral a 4 meses de los comicios presidenciales.

Similares y mayores aprehensiones se expresaron en editoriales de los medios de comunicación y en numerosos artículos publicados en los diarios, la generalidad de los cuales estimó inconstitucional el proyecto que pretende multiplicidad de candidatos con sumatoria de votos. Hubo excepciones como la del Listín Diario, bajo control del gobierno, el cual dio su bendición al cambio en el sistema electoral.

[b]OBJECIONES FUNDAMENTALES[/b]

La generalidad de los pronunciamientos cuestionaron la constitucionalidad de una legislación que implicaría que la ciudadanía no sepa de antemano dónde irá a parar su voto, contrariando los artículos 49 y 91 de la Constitución que establecen el voto directo tanto para la elección de presidente como de los legisladores.

Fundado en esa y otras objeciones tanto la Fundación Institucionalidad y Justicia como Participación Ciudadana advirtieron que si el proyecto se convertido en ley, elevarían una instancia ante la Suprema Corte de Justicia para que la declare inconstitucional. En el mismo sentido se pronunciaron dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de otros sectores políticos.

En lo que hubo consenso absoluto entre los objetores del proyecto fue en considerar que es imposible aplicarlo para las elecciones de mayo próximo, de la que distan apenas 4 meses y una semana. Ello obligaría a la JCE a cambiar la reglamentación electoral para reconocimiento de candidaturas, en la presentación de la boleta de votación, para los delegados a las mesas electorales, el cómputo, la transmisión y el procesamiento de los resultados. Aparte de una nueva e intensa campaña para que los electores y electoras asimilaran los cambios.

Arriba de eso está el hecho de que ya por lo menos cinco partidos (PLD, PRSC, PRI, PNVC y Nueva Alternativa) han electo candidatos presidenciales con el sistema tradicional. Por la irretroactividad de la ley no pueden volver atrás para permitir múltiples candidatos. Y estarían en desventajas frente a un privilegiado que ocuparía hasta cinco casillas de la boleta presidencial.

Ha sido factor de irritación el que los perredeístas hayan proclamado que ese sistema es su última oportunidad para retener el poder, o para derrotar al PLD, o para mantener su unidad, lo que implica que están legislando para su propio beneficio grupal, en contradicción con el principio de igualdad que establece el artículo 100 de la Constitución.

Algo que también ha generado irritación es la persistencia con que los auspiciadores del proyecto, incluyendo al presidente de la República en tres ocasiones, han dicho que la ley de lemas equivale al voto preferencial por los diputados que entró en vigencia en los comicios congresionales del 2002.

Fue exactamente lo contrario, pues ese voto preferencial devolvió a los electores la facultad de señalar directamente su candidato preferido, sin implicar la transferencia de votos de un candidato a otro. Antes la elección dependía del orden en que los partidos colocaran los candidatos.

[b]ALTO COSTO POLÍTICO[/b]

En la opinión pública existe la convicción de que el PRD podría aprobar la ley de lemas con o sin la modificación que se planea introducirle, aunque terminaría pagando un alto costo político, pues estimularía un frente de oposición y acentuaría la polarización con el PLD, a quien ya hace tiempo las encuestas le otorgan la posibilidad de ganar en primera vuelta.

En el Senado el perredeísmo reúne votos de sobra, hasta para la reforma constitucional. En la Cámara de Diputados le falta un puñado para la mayoría absoluta, pero los conseguiría de sobra con los recursos del poder, incluso a través de los “enllaves” que el gobierno mantiene en el reformismo.

Pero el PRD está en un proceso de descrédito y descalabro que han mostrado las encuestas y que se siente hasta en círculos cercanos a ese partido. Una imposición de esa naturaleza y calibre, contra todo el resto de la sociedad política y civil solo serviría para recalentar la capilla ardiente en que se advierte al partido blanco.

El presidente Hipólito Mejía declaró el jueves en el telediario El Día del Canal 11 que “si hay que imponer esa ley se hace, porque el poder es para ejercerlo”. Aunque adujo que el proyecto de ley de lemas no es de su grupo, sino de sus opositores antirreeleccionsitas, Milagros Ortiz Bosch y Rafael Suberví Bonilla.

Al lanzar el proyecto, los perredeístas parecían contar con que amplios sectores reformistas lo harían propio, dadas las divisiones que afectan también al partido colorado. Pero el tiro parece haber salido por la culata, generando más bien un fuerte rechazo.

A ello ha contribuido el que Jacinto Peynado, el principal objetor de la candidatura de Eduardo Estrella, siga en Miami buscando recuperar la salud perdida. Y se afirma que no podría retornar antes de marzo. Al Ingeniero Carlos Morales Troncoso, el otro reformista con significativas posibilidades presidenciales, se le atribuye haber dicho que no va a caer en ese gancho. Estima que si se llega a aprobar la multiplicidad de candidatos ya no tendría tiempo para iniciar una campaña que compita con éxito dentro y fuera del partido.

[b]PREPARAN LA SEGUNDA VUELTA [/b]

El miércoles 7 ya el proyecto de Sarraf parecía liquidado y se iniciaron los preparativos para una segunda vuelta. Tirso Mejía Ricart presentó una modificación que amortigua en parte la inconstitucionalidad de la pieza. Y se le dio el visto bueno, en principio, en la reunión que sostuvo el presidente Mejía con los precandidatos Ortiz Bosch, Suberví y Esquea.

El jueves y todavía en la mañana de ayer viernes delegados del presidente y los tres precandidatos aliados seguían discutiendo un acuerdo que involucraría no sólo la reforma del proyecto, sino también la convención convocada para el 18 de enero, objetada por los tres aliados.

En la segunda versión el proyecto pasa a llamarse del “Voto preferencial para Presidente”, lo que implicaría que la multiplicidad de candidaturas solo se aplicaría en la elección presidencial. Se mantiene también la sumatoria de votos.

El cambio fundamental es que en la nueva versión no es posible ganar en la primera vuelta a menos que un candidato obtenga por sí solo más de la mitad de los votos válidos, como está instituido hasta ahora. Es decir que la sumatoria de votos no da la presidencia, pero puede determinar quiénes van a la segunda vuelta.

De esa forma se pretende eliminar la objeción de que el sistema no garantiza la elección mediante voto directo, como establecen los artículos 49 y 91 de la Constitución.

De cualquier forma las posiciones de rechazo al proyecto van más allá de ese aspecto y están bien tomadas. Resultará difícil cambiarlas y el tiempo corre en cuenta. Si convocan el Diálogo Nacional como pidió el candidato presidencial del PLD, Leonel Fernández, allí se complicaría más el debate. Si no lo convocan, ese mecanismo sería dado por irrelevante.-