Está en cuestionamiento, inevitablemente, la forma en que terrenos de Pedernales, muy codiciados y de alto valor, figuran registrados como bienes privados en contradicción con la ley de desarrollo que le asigna estatus de inajenable pertenencia al Estado. Convertir con inversiones extraordinarias una franja playera que en el Suroeste se extiende hasta Cabo Rojo en el más promisorio polo turístico del país en este momento requiere unos fundamentos legales irrevocables y sin exposición a litigios y posibles reformulaciones. La preocupación deviene de las denuncias de destacados ambientalistas que dicen estar sorprendidos de que millones de metros cuadrados que a su conocimiento todavía se encuentran en litis fueran transferidos a particulares. Para ellos, se trata de lotes pendientes de fallos en la Suprema Corte de Justicia a cargo de un anterior fraude inmobiliario, el mayor de la historia dominicana, aunque sorprendentemente, y después de estallar el escándalo y haberse procedido por la vía judicial, ahora estarían amparados en un certificado de no objeción cuya legitimidad objetan a todo pulmón defensores de los bienes públicos.

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El lugar que junto a las excelencias de Bahía de las Águilas y sus preservadas condiciones naturales deberá constituir la nueva joya del turismo dominicano no puede aparecer, como proyecto de envergadura, conectado a procesos de instalación sin transparencia. El espectro de lo ocurrido antes obliga a revisar a profundidad lo que alarma a connotados ambientalistas.