El PRSC ante la reforma fiscal

El PRSC ante la reforma fiscal

MIGUEL RAMÓN BONA RIVERA
En un magnífico evento, reconocido así por todos los presentes, el Partido Reformista Social Cristiano patrocinó un encuentro para la discusión de la reforma fiscal. Allí se dieron cita los líderes empresariales, los representantes de las organizaciones sociales, legislativas, así como los más altos dirigentes de la principales organizaciones políticas nacionales.

El evento tuvo lugar el pasado jueves 22 de septiembre en las instalaciones de la sede central del PRSC, recientemente remodeladas, y estuvieron presentes entre otros los secretarios generales del PLD, del PRD y de la FNP, Reynaldo Pared Pérez, Orlando Jorge Mera y Pelegrín Castillo, el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, el lienciado Hatuey Decamps por el PRSD, representantes de FINJUS, Participación Ciudadana, el Centro Juan Montalvo, diversas organizaciones sociales y sindicales, así como los representantes del empresariado dominicano en su totalidad.

Por el gobierno estuvieron presentes los licenciados Juan Hernández y Miguel Cocco, jefes de la Dirección de Impuestos Internos y la Dirección de Aduanas, respectivamente.

La discusión fue franca y abierta. Las confrontaciones fueron cordiales pero firmes en sus posiciones y puntos de vista.

Las exposiciones de los directivos de Impuestos Internos y Aduanas fueron claras y convincentes. Sin embargo, cuando el ingeniero Eduardo Estrella les preguntó si el gobierno estaba dispuesto a utilizar los excedentes de la reforma fiscal para cubrir el déficit cuasi-fiscal del Banco Central, la respuesta de ambos funcionarios fue confusa y evasiva. Y he ahí la clave el problema.

Al 31 de agosto del 2004, los valores emitidos por el Banco Central (Certificados de Inversión) alcanzaban la suma de 90,366 millones de pesos.

Al 31 de agosto del 2005, los valores emitidos por el Banco Central totalizaron la suma de 138,284 millones de pesos.

En el período de un año el Banco Central ha emitido nuevos valores por un monto de 47,918 millones de pesos, incrementando en más de un 53% la deuda de dicha institución con el público.

Pero lo grave, gravísimo, es que gran parte de estos certificados han sido emitidos por concepto de capitalización de intereses. Es decir, el Banco Central paga mensualmente los intereses correspondientes a los certificados en manos del público con dinero inorgánico –pues el Banco Central no genera los recursos para el pago de estas obligaciones – y luego de pagar con dinero inorgánico, recoge nueva vez ese dinero de la economía emitiendo nuevos certificados que a su vez pagarán nuevos intereses, en un proceso de capitalización de esos intereses pagados con emisiones inorgánicas.

Un proceso perverso y cada vez más creciente de emisión neta de dinero inorgánico, cuyo flujo permanente, expresado en el pago de los intereses que mensualmente tiene que honrar el Banco Central, se oculta en el reflujo de las emisiones de nuevos certificados que recogen de nuevo el dinero emitido para el pago de intereses, en un circulo vicioso, perverso y creciente.

Y ese cáncer que tarde o temprano hará metástasis en el cuerpo económico de la nación, es la verdadera realidad detrás del llamado milagro económico del gobierno que nos presenta con bombos y platillos una estabilidad ficticia de los precios fundamentales de la economía: Tasa de inflación, tasa de interés y tasa de compra de la moneda extranjera.

Técnicamente hablando, el problema puede resumirse en el hecho de que los ingresos normales del Banco Central no alcanzan para cubrir los egresos por concepto del pago de los intereses de los certificados, produciéndose en consecuencia un déficit.

¿Y cuales son los ingresos normales del Banco Central? Estos provienen de varias fuentes: Comisiones y multas bancarias, intereses por préstamos otorgados a la banca privada, ganancias operacionales en el manejo de divisas, señoriaje, y por último, transferencias recibidas del gobierno central. En este último renglón esta la clave. El artículo 16 inciso E de la ley monetaria y financiera 183-02, obliga al gobierno central a transferir los fondos necesarios para cubrir los déficits del Banco Central. Precisamente para ello fue que se incrementó el monto de la Comisión Cambiaria que se cobra sobre el valor de todas las importaciones.

La ley monetaria y financiera en su artículo 85, ordena el desmonte gradual de la Comisión Cambiaria, que a la fecha de la promulgación de dicha ley, en noviembre del 2002, era de apenas un cinco por ciento sobre el valor de las importaciones.

Sin embargo, como consecuencia de la crisis económica producto de las quiebras bancarias, en vez de cumplir con el calendario de desmonte gradual de la Comisión Cambiaria, el gobierno de Hipólito Mejía incrementó dicha comisión del cinco al diez por ciento sobre el valor de zlas importaciones, con el objetivo de transferir los recursos así generados al Banco Central para cubrir los déficits producidos por el rescate bancario. También se estableció un impuesto del 2% sobre el valor CIF de todas las importaciones, para los mismos fines. Este impuesto se estableció al fracasa propuesta del gobierno de que los sectores generadores de divisas, beneficiados en términos nominales por el efecto de la devaluación, realizaran una contribución voluntaria en la tasa de cambio, para traspasar la diferencia al Banco Central, a los fines de ayudar a disminuir los mencionados déficits.

El 23 de diciembre del 2004, la Junta Monetaria incrementó el monto de la Comisión Cambiaria del diez al trece por ciento, para sustituir el impuesto del dos por ciento sobre las importaciones. Está claro que todo esto se hacía, o debía hacerse, para proporcionar recursos al Banco Central con que enfrentar su creciente déficit cuasi-fiscal.

Una lectura a los informes de la ejecución presupuestaria que se publican mensualmente, nos indica que el Gobierno Central no ha traspasado un solo centavo al Banco Central para estos fines, mientras las pérdidas de dicha institución bancaria en el período enero-agosto del presente año se incrementaron en 17,885 millones de pesos por el pago de intereses.

De esta manera se ha violado la ley dos veces. Al incrementar la Comisión Cambiaria, se violó la ley monetaria en su artículo 85. Y al no transferir los fondos para cubrir los déficits del Banco Central, se viola el artículo 16, inciso E, de dicha ley.

Y el gobierno reclama ahora, como si fuera un derecho adquirido legítimamente, que esos dineros son suyos. Le exige a la sociedad toda, que para desmontar la Comisión Cambiaria hay que sustituirla por nuevos impuestos que compensen al gobierno en sus requerimientos fiscales.

Eso nos recuerda el caso de los ocupantes ilegales de terrenos privados, que para desalojarlos exigen al legítimo dueño que los compense económicamente por su desprendimiento.

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