El PRSC propone  candidatos a la Cámara de Cuentas y a JCE

El PRSC propone  candidatos a la Cámara de Cuentas y a JCE

El vocero de la bancada del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en la Cámara de Diputados, Ramón Rogelio Genao, informó ayer que la organización decidió proponer como candidatos a la Cámara de Cuentas  al  ex diputado Frank Martínez,  a Julio César Madera y  a Juan Luis Séliman.

 Precisó que esa entidad  excluyó de su propuesta  para permanecer en el cargo a la actual  presidenta del organismo fiscalizador, Licelot Marte de Barrios.

En tanto, para la Junta Central Electoral (JCE) postularon a Alfredo González Pérez, al actual miembro César Francisco Félix  Félix, a Julio Elías Nolasco, al actual miembro de la Cámara de Cuentas, Nicolás Almánzar y  a Luis Luna.

 El diputado del PRSC por La Romana, Pedro Tomás Botello, informó ayer que someterá   un proyecto de resolución que solicitará al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ),  Jorge Subero Isa y demás jueces,  abstenerse de emitir resoluciones que alteren o subviertan el orden constitucional, al argumentar  que ese organismo del Poder Judicial ha emitido 147 resoluciones al margen del Congreso, que es órgano del Estado  encargado de elaborar las leyes adjetivas.

En rueda de prensa, el legislador  dijo que la SCJ ha estado sustituyendo la labor del Congreso de forma recurrente al emitir un gran número de resoluciones que contravienen  el principio de la separación tripartita de los poderes públicos del Estado.

 Entre las resoluciones emitida por la SCJ que según el diputado alteran el orden constitucional está la resolución número 2043-03 del 13 de noviembre de 2003, la cual conceptualiza y tipifica los tipos penales.

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Alteran el orden

Botello indicó que entre las resoluciones que alteran el orden está la  número 2043-03 del 13 de noviembre de 2003, que tiene que ver con  la interceptación de  llamadas telefónicas.

Actitud inconstitucional

Dijo que la SCJ, con esa actitud “inconstitucional”, no solo sustituye al Congreso, sino que renuncia al derecho a  la elaboración de las leyes del orden judicial.

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