Los fundamentos doctrinarios del qué se enseña, cómo y para qué se enseña aparecen en las primeras páginas de cualquier manual de pedagogía o de didáctica general.

Los sacerdotes dominicos, franciscanos y de otras órdenes religiosas que llegaron a La Española a principios del siglo XVI con el propósito de difundir la doctrina cristiana entre sus pobladores y construir en ella escuelas y templos estaban muy bien edificados en cuanto a qué enseñarles a los indígenas, cómo hacerlo, y para qué hacerlo. Sabían a ciencia cierta que, para inculcarles a los nativos de estas tierras los ideales religiosos y espirituales del Imperio Español, debían desterrar sus creencias, modificar sus hábitos y costumbres ancestrales, evangelizarlos y enseñarles la lengua de Castilla. Conscientes estaban de los obstáculos que tenían que sortear para llevar a feliz término su misión civilizadora.

En el cumplimiento de su encomienda como reformador del sistema dominicano de instrucción pública, Eugenio María de Hostos siempre estuvo presente en su esquematismo conceptual y en su estructura sinóptica el contenido de lo que debía enseñarse como puede observarse en la vertiente expositiva de principios pedagógicos generales del insigne maestro puertorriqueño. Lo mismo cabe decirse de Salomé Ureña y de otros educadores.

Desde su llegada al poder en 1930, el tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina entendió lo beneficioso que resultaba para el mantenimiento de su régimen el poner a su servicio la escuela dominicana. Los educadores al servicio de Trujillo sabían qué y cómo enseñar para que los niños, niñas y jóvenes asimilaran aquello de que el sátrapa de San Cristóbal era el <benefactor de la Patria y el Padre de la Patria Nueva> y de paso convertirlos en fieles servidores del régimen. Por ello, ningún educador que manifestara con palabras o con hechos su animadversión a Trujillo podía enseñar en una escuela u ocupar cualquier otro cargo público.

Los cientos de gestores, maestros y técnicos que formulamos el Plan Decenal de Educación 1993-2003, lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo en cuanto qué reformas debíamos introducir en el sistema dominicano de instrucción pública para elevar su calidad y reorientar su pertinencia. También, tuvimos que ponernos todos de acuerdo en cómo lo íbamos a hacer. En aquella histórica asamblea celebrada a finales de diciembre de 1992 dimos a conocer todos los detalles referentes a los resultados que esperábamos obtener. En poco tiempo, la escuela dominicana comenzó a mejorar a la luz de una serie de indicadores. Estimamos que para mantener ese ritmo de crecimiento en todos los órdenes, el gasto público anual en educación debía alcanzar un mínimo de un 16 por ciento del gasto público total o un 4% del PBI y que ello debía figurar en la nueva Ley de Educación como en efecto se logró. Pero, los gobiernos que se han sucedido desde finales del siglo 20 hasta hoy no han cumplido con lo consignado en dicho edicto en cuanto a financiamiento de la educación pública.

En materia de educación, lo hemos discutido y formulado todo. Ya no disponemos de espacios para almacenar tantos proyectos de reforma y tantos sueños. ¿Qué nos falta? Que el gobierno que se instale a partir del 16 de agosto de 2012 cumpla con las leyes 5778, 66-97 y 139-01 en lo referente al financiamiento de la educación pública, tal y como nos lo han prometido los candidatos a presidirlo.