HAMLET HERMANN
No hay cosa que preocupe más que un político cuando habla de “absoluta transparencia”. Ellos son dados a pregonar la claridad en cualquiera de sus actuaciones como si se tratara de algo sobrenatural. Ignoran, aposta, que todo funcionario público está obligado por las leyes a ser transparente en su decir y en su hacer.

Pero la historia dominicana ha sido otra. Más que servidores del Estado, los funcionarios han sido históricamente  beneficiarios directos e inmediatos de cuanto les pasa por las manos. De ahí que, suponiéndonos desmemoriados, consideren necesario aclarar que, a partir de ahora, van a ser absolutamente transparentes.

Un reciente pronunciamiento sobre la transparencia tiene que ver con la elección de los jueces de la Junta Central Electoral. Se ha convidado a la sociedad civil a opinar para establecer un perfil de los futuros jueces electorales y, al mismo tiempo, proponer candidatos para estos cargos. Pero los funcionarios políticos anticipan sus intenciones declarando que los militantes partidarios tienen tanto derecho a ser elegidos como los miembros de la sociedad civil. En otras palabras, los Senadores permitirán que la ciudadanía proponga criterios y candidatos pero ellos tomarán las decisiones finales con sus propios criterios. Nada formal ni legal los ata a las propuestas de la ciudadanía, ni siquiera una promesa confiable.

Ese voto de transparencia absoluta provocó una búsqueda en los  archivos periodísticos. ¿Resultado? Por allá por el segundo semestre de 1994 se hizo un llamado semejante para elegir a los jueces electorales en nombre de la transparencia y la democracia. Apenas meses atrás había tenido lugar el más reciente y escandaloso fraude electoral del presidente Joaquín Balaguer. Tanto así que la comunidad internacional intervino y Balaguer, como forma de ganar tiempo, propuso repartir el período presidencial mitad a mitad con Peña Gómez. Fue después de esta crisis cuando el Senado balaguerista solicitó a la ciudadanía que propusieran candidatos para ocupar cargos en la Junta Central Electoral. Como el gato que nunca enseña la última maña, Balaguer siguió preparando el escenario para quedarse de alguna manera en el poder.

Algo interesante de aquella época fue que entre las personas que aparecieron en la mayoría de las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil estaban tres magníficas profesionales. Miriam Germán Brito apareció sugerida por ocho instituciones. Carmen Imbert Brugal y Carmen Josefina Lora Iglesias (Piqui Lora) estuvieron presentes en cinco nominaciones. A pesar de la demostrada preferencia de las instituciones por las cualidades de estas tres mujeres de fuste, no fueron elegidas por el Senado. Para hacer corto un cuento largo, después de 150 propuestas de la sociedad civil, sólo una persona de las finalmente elegidas como juez electoral aparecía en esas listas. Los otros cuatro jueces surgieron de la manga de la politiquería.

Pero una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja. Esa Junta Central Electoral se comportó excepcionalmente en las elecciones de 1996 y no como esperaban quienes patrocinaron su elección. Y, para variar, se celebraron comicios con menos mañoserías que en las anteriores. Pero la alegría dura poco en casa del pobre. El hecho de que el Senado mayormente balaguerista se equivocara eligiendo algunos jueces dignos y honestos radicalizó negativamente a quienes han controlado el Congreso a partir de entonces. De ahí en adelante y para evitar otra equivocación, la elección de jueces pasó a ser como en el pasado, politizada hasta el tuétano. No en balde una tras otra las politizadas Juntas Centrales Electorales de la reciente década han sido arropadas por el manto de la suspicacia generalizada. ¿Moraleja? Es más saludable desconfiar de los políticos que confiar en ellos. No nos hagamos ilusiones con la “absoluta transparencia” que nos prometen “de los dientes para afuera”. La politiquería no se equivoca fácilmente eligiendo jueces probos y confiables. Menos cuando la dudosa práctica política de Balaguer se ha convertido en el paradigma de los Partidos predominantes.

No obstante esos potenciales obstáculos, la ciudadanía no debe tener miedo a proponer profesionales honestos sin mácula y sin militancia política para las funciones de juez electoral. Debe defender hasta con los dientes sus propuestas. Tiene que enfrentar a la politiquería con calidad humana y con razón política proponiendo a personas que se hayan destacado por su patriotismo y su tradición de servicio desinteresado a la nación dominicana. Así obligaría al Congreso a que fuera, de verdad, “absolutamente transparente” en la elección de los jueces electorales. Porque con una Junta Central Electoral confiable podría evitarse el deterioro del clima político bajo el cual se desarrollarán las elecciones presidenciales de 2008.

Y el que evita, no es pendejo.