Cuando una comunidad pequeña tiene uno de sus nativos en una función pública importante o un hombre de allí tiene acceso a los sectores de poder que determinan la aplicación e inversión de los fondos del Estado en obras públicas, es más probable que los problemas de esa comunidad sean resueltos.

Hay casos contrarios en que hombres salidos de remotos poblados, carentes de todo y olvidados por todos, al llegar a una función pública de influencias, olvidan sus orígenes, negando en ocasiones su lugar de nacimiento y atribuyéndose otra territorialidad.

No compartimos el último comportamiento, pues somos partidarios de que cada pueblo debe valerse de sus voceros, sean éstos funcionarios, legisladores, comunicadores; en fin todo aquel que tiene posibilidad de ser oído, para llevar los problemas de sus comunidades a donde les puedan buscar soluciones. Se da el caso de que determinadas provincias o municipios tienen embajadores agradecidos y logran que grandes recursos se desvíen hacia sus respectivos pueblos. Conocemos el caso de  La Altagracia donde el ayuntamiento ha recibido partidas extraordinarias por razones sospechadas; San Juan de la Maguana donde un alto funcionario del Poder Ejecutivo nativo de allí ha logrado que recursos del Estado y de una fundación privada sean invertidos en esa provincia, Espaillat, donde un mocano meritorio ha logrado grandes realizaciones de las que dan cuentas los medios de comunicación.

Estas gestiones no son malas en sí mismas, pero cuando son excesivas y cuando se olvida el resto del país, se viola la institucionalidad y  la equidad social. El desarrollo de nuestras comunidades no puede depender del hecho de tener un protector. Los fondos públicos deben llegar a todos por igual, según las respectivas necesidades. En esto no debe aplicar aquello de que “el que no tiene padrino muere moro”.