En este período de transición ha sido recurrente la lluvia de rumores originadas por las actuaciones, de diversos dirigentes del gobierno que concluye su mandato en unos 35 días, de como evadir las posibles persecuciones judiciales por hechos de corrupción cometidos en el desempeño de sus funciones, lo cual revela, y confirma la percepción nacional, de que se han cometido demasiados actos en contra de los recursos y patrimonios públicos que no deberán quedar impunes.

Hay toda una gama de opciones a elegir, entre los posibles dominicanos de verse ante el Cristo de los tribunales, que van desde irse al extranjero antes del 16 de agosto hasta buscar un cargo legislativo que le permita rodearse de la inmunidad parlamentaria; varios nombres se han barajado para recurrir a esa posibilidad, lo cual demuestra que los pepehachistas están conscientes de que se han cometido muchas indelicadezas que no pueden quedar sin sanción.

Así mismo, no es de extrañar que algunos de los señalados como reos de actos dolorosos, se apoderen de expedientes actuales y viejos de la anterior administración para, en el primer caso, comprar absoluciones delatando a otros compañeros con pruebas, y en el segundo, amenazar con lanzar al público expedientes de actos cometidos en el período 1996-2000, que han quedado en el limbo político.

Resulta intrigante para el país, de como los funcionarios se quieren curar en salud, y el hecho de que tantas opciones se barajan junto a los listados que circulan de los que se les ha cancelado la visa norteamericana, de muestra de como una vez más el PRD se ha manchado con las actuaciones de sus miembros más conspicuos, que pusieron por delante la satisfacción de sus ambiciones y no de gobernar por el bien público. Los objetivos de una buena parte de los funcionarios no era la mejor señal de que estaban trabajando bien.

Es ya una tradición, que la mayoría de los personajes de cada gobierno, se mancharán en sus funciones. El hecho de que nunca nadie ha sido condenado enérgicamente por la ley sino que se hace diluir los expedientes hace presumir la existencia de una ley de la confraternidad en la corrupción de que si hoy se hizo esto, mañana se vuelve a repetir. Los borrones y cuenta nueva están a la orden del día en la historia republicana con los actos dolosos más flagrantes que reciben el respaldo de la sociedad cuando esos personajes son elevados a nichos especiales de alcurnia y hasta figurean en las páginas de las revistas sabatinas de los diarios nacionales.

Ahora hay un trato distinto. El gobierno norteamericano se ha involucrado en la lucha anticorrupción con la cancelación de las visas de visitantes a algunos funcionarios, tal como han hecho con exfuncionarios del gobierno haitiano de Aristide, que algunos son perseguidos por estar acusados de ser traficantes de drogas para ser llevados a cárceles norteamericanas después de ser deportados incluso de territorio dominicano. Esto ocurrió localmente con un bachatero de fuertes lazos con funcionarios dominicanos, que ahora está encarcelado en Estados Unidos. Y esos fuertes lazos con funcionarios es hacia donde se dirigen las investigaciones de la DEA con la cooperación de la parte sana de las autoridades dominicanas obligadas a trabajar con transparencia, sin tratar de ocultar o defender a funcionarios o personajes locales para llevarlos ante la justicia.

La desesperación, de los funcionarios que están barajando tantas salidas a su posible condición de ser perseguido por la justicia, es muy aguda. Y como éste gobierno ha acostumbrado al país a tantas bellaquerías como aquellas de los planes que tenían concebidos para el 16 de mayo, los cuales se les derrumbaron por el hermético apoyo de organizaciones y embajadas internacionales para respaldar la masiva votación, que en excelente orden, protagonizaron los votantes para rechazar a quienes hicieron del Estado un relajo y un medio para enriquecerse ilegalmente.

Por lo anterior es que no estamos todavía libres de ver otros intentos para tratar de alterar el orden, mediante convulsiones sociales, provocando una crisis más severa en los apagones, proseguir con el alza continua de los artículos de primera necesidad, medidas ilógicas como el cierre del aeropuerto de Herrera, ahogar las instituciones del Estado como el IDSS para que el personal se declare en huelga. En fin que se produzca un estado de ebullición social para pensar en una alteración del orden constitucional, desde el cual se negociarían impunidades, o se castraría una administración, en la cual todo el país tiene puestas sus esperanzas de que al fin vamos a tener un gobierno decente que haga crecer el país en orden, paz y justicia.