En el año que finaliza hemos manejado la información de que numerosas personas son rebotadas de centros hospitalarios por diversas razones, siendo la más frecuente que el “seguro no le cubre”. Entre esos rebotes tenemos que lamentar dos muertes: la de Claudio Caamaño Gullón, el 22 de marzo, y la del periodista Arístides Reyes, la semana pasada.
Lo de Claudio todos lo recordamos tristemente porque sufrió un accidente y fue rebotado de tres centros hospitalarios, perdiendo durante los traslados el tiempo que pudo haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte.
Arístides Reyes sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV), -si se anda a tiempo en estos casos, las posibilidades de sobrevivir son muchas según los expertos-. De hecho a mi hermano le pasó y en un mes ya estaba reintegrado al trabajo; los médicos dijeron que por la rapidez con que se actuó pudo sobrevivir.
Dicen también que la primera hora después de un ACV es crucial. Los hijos de Arístides, inconsolables, contaron que lo llevaron a un centro médico (al Centro Médico Dominicano) y que lo rebotaron, por lo que debieron irse a la Plaza de la Salud, donde al fin lo recibieron pero ya era demasiado tarde para salvar la vida del colega y amigo querido.
Como el mercado tiene sus reglas y la medicina privada tiene las suyas, el Estado, garante de la vida de los ciudadanos debe regular, con una ley específica o aplicar las existentes, para que las clínicas y hospitales privados que nieguen asistencia en una emergencia a un ciudadano le sea cerrado el centro, y que debe primar la atención, sin importar si tiene o no seguro médico.
Cuando nos referimos a una ley específica, lo hacemos porque la Ley de salud y de la seguridad social lo establecen pero nadie le hace caso y como la salud es un derecho humano y constitucional, debe prevalecer como principio que nadie deberá ser rebotado de una emergencia como sucedió con dos vidas valiosas conocidas, y quien sabe a cuantas otras personas le ha ocurrido algo similar. Este país está repleto de leyes que nadie cumple, pero debemos hacer abogacía para que haya un mecanismo que impida la discriminación y los abusos contra los ciudadanos que requieren atenciones médicas.
Ahora que se discute una propuesta para la modificación de la Ley 87-01, que regula el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, es propicia y oportuna la posibilidad de que se haga una discusión amplia de la misma y se eliminen todas las ambigüedades, y quede claro el propósito de penalizar a quien cometa una falta que implique la vida de un dominicano, sin importar su condición social y económica.