Desde que la nación dominicana alcanzó condición y vocación democrática, aun con sus alzas y bajas, se habla de un nuevo régimen penitenciario.

Durante muchos años los anuncios de regeneración de los reclusos y su inserción en la sociedad han llenado amplios espacios en los medios.

Y, más recientemente, se acogen con entusiasmo informaciones sobre cárceles modelos y de centros de Corrección y Rehabilitación, iniciativas que apuntarían hacia una solución definitiva a los problemas que con frecuencia se presentan en los recintos penitenciarios.

Si tales esfuerzos han sido emprendidos a través de los organismos vinculados al sistema carcelario – que mucho dudamos – los echan por la borda las actuaciones de la autoridad encargada de aplicar disciplina y orden, respeto y cumplimiento de la ley en esos recintos.

Uno no sale del asombro cuando se entera, por los medios, de las barbaridades que se cometen en unos lugares que debían destinarse al escarmiento de quienes infringen el ordenamiento jurídico, de aquellos que actúan en contra de las normas sociales.

Pero no; lo que rige en muchas de nuestras cárceles es la “ley del poder”, los privilegios más irritantes, los negocios más sucios que pueda imaginar el ser humano.

Uno tiene necesariamente que calificar de inoperantes esos organismos que con tanto “bombos y platillos” se ufanan de trabajar por el mejoramiento del régimen penitenciario.

Otro bulto más de los muchos a que nos tiene acostumbrado el país.

Así nunca llegaremos a destino seguro, ni alcanzaremos la madurez deseada.