POR  Greg Crist Y  Gabriel Sanchez Zinny
Los sindicatos en Estados Unidos están recogiendo los beneficios de su contribución a la victoria demócrata del pasado Noviembre. Mientras en los últimos años sus leyes y propuestas de políticas languidecían en el Congreso, pareciera que están rápidamente recuperando su poder e influencia en Washington.

A través de nuevas leyes, como «The Employee Free Choice Act of 2007», o la “Improving America’s Security Act”, buscan nuevos privilegios para la dirigencia sindical y empujar sus causas durante mucho tiempo demoradas. Pero tal vez sea en los temas comerciales donde mas resalta su renovada influencia,

Esto sucede a pesar de que la pertenencia y representación de los sindicatos ha caído de un 20% de la fuerza laboral de Estados Unidos, a menos de un 12% en los últimos años.

Es decir, solo cerca de 15 millones de personas de un total de 128 millones que componen la fuerza laboral son miembros de algún sindicato. Y a esto se suma que AFL-CIO, la unión entre la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones industriales, que conforman el grupo de sindicatos mas sólido del país, ha continuado perdiendo afiliaciones luego de que la SEIU (Empleados de Servicios) con 1,7 millones de miembros, y el Sindicato Internacional de Camioneros, liderado por el poderoso James Hoffa, de 1,3 millones de afiliados, hayan abandonado la Federación el año pasado luego de tensos conflictos.

Sin embargo fue justamente John Sweeney, el presidente del AFL-CIO quien rompiera hace unos días el acuerdo al que habían llegado la Casa Blanca y los líderes demócratas en el Congreso, en base al cual finalmente se firmarían los tratados de libre comercio con Perú y Panamá, respetando los requerimientos de legislación laboral y de medio ambiente que proponía el partido demócrata. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Diputados había estado de acuerdo, comentando “esta nueva política abre la posibilidad de un amplio y bipartidario apoyo del congreso para los tratados de Perú y Panana”. Pero no fue suficiente, los sindicatos se opusieron, y unos días después el congresista Rangel admitió en privado al Secretario del Tesoro Henry Paulson, quien también había empujado por los acuerdos, que su partido no podía llevar a la práctica lo pactado con la Casa Blanca.

Los demócratas, quebrando el acuerdo, exigieron a Perú cambiar sus leyes internas antes de cualquier consideración del Tratado en el Congreso, y en una actitud paternalista, y que con seguridad no contribuye a una mejor relación entre Estados Unidos y América Latina, los congresistas Charles Rangel y Sander Levin, respectivamente presidentes de los comités y subcomités que regulan todos los temas comerciales en la Cámara de Diputados decidieron viajar ellos mismos a Perú para supervisar el cambio legislativo y aclarar sus exigencias al gobierno de ese país.

Susan Schwab, encargada de la oficina de comercio en la Casa Blanca, señaló recientemente en una carta a los congresistas que “decidir unilateralmente que un país debe cambiar sus leyes internas antes de firmar un acuerdo con Estados Unidos, cuando este ya ha sido aprobado por los gobiernos, va en contra de toda tradición legislativa y política americanas.