Hoy 
Ayer la Policía informó que capturó una banda de jóvenes en edades entre 15 y 20 años a la que atribuye el asalto y asesinato de seis taxistas y un oficial naval. El 7 de este mes, el coronel Andrés Félix Fernández, de la Dirección Central de Manejo de Grupos en Conflictos con la Ley, informaba que la Policía tiene debidamente identificadas 60 pandillas juveniles dedicadas a cometer asaltos, asesinatos, violaciones y otros tipos de delitos.
El aumento del número de menores y adolescentes involucrados en crímenes es un fenómeno social que obedece a dos factores fundamentales: debilitamiento de la cohesión familiar y una protección jurídica que guarda a veces mucha semejanza con la impunidad. Para muchos, el Código del Menor, que pretende la protección de niños, niñas y adolescentes, contiene elementos que propician el reclutamiento de menores para asuntos reñidos con la ley.
Hay que hacerle caso a la recomendación hecha ayer por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, para que se modifique el Código del Menor y se evite que sean reclutados para crímenes por encargo. A la hora de delinquir los menores disciernen como adultos, pero a la hora de ser juzgarlos se acogen a protección especial basada en la minoría de edad. Sin duda el Código del Menor es un remedio equivocado.
Carga tributaria mal distribuida
En el Estudio sobre la carga tributaria que afecta a los sectores productivos de la República Dominicana preparado por el CONEP, se puede apreciar la pésima distribución de la carga tributaria entre las economía formal e informal, en función de la Población Económicamente Activa. Según ese estudio, el sector formal emplea 121,000 personas, el informal 386,000 y hay una masa de desocupados de 138,000. Las estadísticas corresponden a la franja 2004-2006.
Si la economía informal emplea más de tres veces el número de personas que emplea el sector formal, sería interesante medir el efecto de la evasión fiscal comparativa entre ambos sectores. Se deduce que la economía formal enfrenta la desventaja de que está sometida a una tributación inevitable y a normas regulatorias de diversas índoles que moderan su capacidad de expansión. Hay pues necesidad de corregir la pésima distribución de la carga tributaria que va en perjuicio de la economía formal.
