¿Qué pasaría si un candidato, o varios candidatos, un partido o un grupo de partidos impugnan los resultados de las elecciones del próximo 15 de mayo  bajo el alegato de que fueron perjudicados por el conteo electrónico, un método que no está previsto por la Ley Electoral 275-97? ¿Prosperaría ese recurso? ¿Dónde habría que depositarlo? ¿En el Tribunal Superior Electoral o en el  Constitucional? ¿Puede cuestionarse por ese motivo la legitimidad del proceso electoral que el presidente de la JCE, Roberto  Rosario, ha definido por anticipado  como uno de los mas transparentes que se registrarán en la historia de la República Dominicana?  Esas y otras preguntas andan rondando  mi cabeza desde que Eddy Olivares, miembro titular de la JCE, advirtió sobre la ilegalidad del escrutinio electrónico, aunque reconozco que mis dudas son directamente proporcionales a mi ignorancia en materia jurídico-electoral. No tengo que ser un experto en nada, sin embargo, para  decir  que cambiar de un día para otro la forma de contar los votos que decidirán quien nos gobernará los próximos cuatro años  por un método  que se pondrá a prueba el mismo día de las votaciones  implica un riesgo del que hay que resguardarse, precisamente el interés de quienes han propuesto  que se haga un conteo manual, pero en los colegios electorales, delante de los delegados de los partidos y los observadores,  antes de proceder al escrutino electrónico. La preocupación del doctor Olivares, quien propuso al pleno de la JCE modificar la resolución que dispuso  la implementación del escrutinio automatizado para evitar que pueda ser atacada por violación a la ley, va mucho mas allá,   pues  trata   de evitar que  la obcecación del promotor del invento le abra las puertas a una crisis post electoral de la que todos nos arrepentiremos.