El gigantismo a la criolla del Estado ha pasado a categorías antológicas con 23 ministerios y una Procuraduría General de la República que equivale a uno más. Un aparato burocrático de dimensiones que solo corresponden a países ricos y desarrollados, con el doble y hasta de mucho más geografía que la de esta media isla y también con más racionalidad administrativa con los dineros de sus erarios destinados a nóminas.

Una súper estructura que desafía las intenciones del presidente Luis Abinader que se ha expresado en disposición de unificar ministerios y admite que una reforma fiscal, que sería uno de los objetivos del segundo cuatrienio, no puede ser solo del aspecto tributario sino que debe impactar sobre los criterios para gastos públicos.

Una forma de admitir que en eso a los gobiernos recientes se les habría ido la mano y a todo dar a veces. “Recuerden que la reforma fiscal no solo es la reforma tributaria, es la reforma del gasto público, es también eficientizar el gasto público; es eficientizar el Gobierno, creo que hemos mejorado pero lo que buscamos es gastar mejor y más eficiente”, dijo.

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En una reciente crónica del periodismo impreso se reconocía que los Estados tienden a crecer proporcionalmente en responsabilidades con sus naciones a medida que se elevan las densidades poblacionales y las actividades productivas; pero que esa no es la situación actual de República Dominicana como para que esté, como está, a la cabeza en excesivo número de instituciones comparada con países de las mismas condiciones.

Observaciones estadísticas estarían indicando que desde el año 2021 al 2023 el número de empleados del Estado dominicano pasó de 694,200 a 672,203, unos 21,997 menos aunque otra medición indicaría que a febrero de este año la asombrosa expedición de pagos con cargo al presupuesto subió en un 10% y que en los últimos seis años el crecimiento promedio alcanzó un 6.4% superando la tasa media del crecimiento de la economía nacional, algo atribuible en alguna medida a criterios y conveniencias partidarios; e incluso en mayor proporción al incremento poblacional que ha estado entre el 1.10% y el 2.3% anual. Con el “corredor” de bases (los nombramientos) a mayor velocidad que la “pelota” (que en este caso serían los ingresos fiscales) se acentúan las desproporciones.

FUSIONES EN DUDA

Como se trata de consolidaciones de carteras a nivel de estudio por el Poder Ejecutivo, los resultados de posibles refundiciones serían impredecibles por el riesgo de que se limiten a rebautizar ministerios con nuevos nombres híbridos pero que podrían no implicar real reducción de personal ni de las estructuras de gastos operativos. De hecho, algunas dependencias oficiales supuestamente sacadas de circulación años atrás, continúan vivitas y coleando con seguimiento de los objetivos inherentes a sus existencias institucionales que parece negada a desaparecer apoyándose en criterios clientelares.

La ministra de la mujer, Mayra Jiménez, dijo en el almuerzo semanal del Grupo Corripio el pasado miércoles que, en buena lógica, su cartera no puede estar condenada a desaparecer. Que por el contrario debe ser robustecida y recibir más presupuesto para desarrollar todos los proyectos en carpeta. A su entender, existe un “desenfoque absoluto con este tema” sin precisar si se refería al punto de vista sobre la materia que su jefe inmediato sustentó y que es el que se propone estudiar la unificación y la “eficientización” de varios ministerios.

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, exrector de la UASD Franklin García Fermín, a cargo de una de las carteras puestas en la mira de la “muerte súbita”, prefirió reducir a mera intención del momento la idea de poner toda la enseñanza nacional bajo un solo mando opinando que, pasara lo que pasara tendrían que sobrevivir “subsistemas separados”. La considera subordinada a un consenso (no precisó entre quiénes).

MUNICIPIOS AL GRANEL

La afiebrada creación de jurisdicciones municipales y provinciales, multiplicadora de empleos y funciones pagadas por los contribuyentes, tiene en consecuencia subdividido el territorio nacional en más provincias que las vigentes en países mucho más extensos que el dominicano; un fenómeno derivado de la pasión clientelista. Waldis Taveras, analista ducho en este tema, resta valor a los argumentos a que recurren las élites partidarias para hacer crecer la burocracia, incluyendo las edilicias.

Al criticar el desmadre institucional experimentado con la instalación de administraciones regionales, recordó que la estructura estatal del país es una de las más grandes de la región tomando en cuenta su población y su territorio.

Concentrando su objeción a que tiempo atrás el Gran Santo Domingo fuera sometido a una división provincial más, demostró lo innecesario de esto y su posición triunfó. Sostuvo que con una demarcación adicional se abusaría del gasto público y se contribuiría a ensanchar “un Estado más grande, malo y caro”.

En el mismo sentido, el propósito de elevar a distrito municipal el pobladito de La Victoria, que se distingue por ser asiento de una cárcel de perfiles medievales, fue combatido en su momento por un sector ciudadano opuesto a la irracionalidad y con los pies bien puestos en la realidad de que sobre los únicos 48 mil kilómetros cuadrados que posee la República, pesan, con malos servicios generalmente, las híper nóminas de 158 municipios y 235 distritos.

CONGRESO MACRO

Ha prosperado, felizmente, hasta incluir a la presidencia de la Cámara de Diputados, el convencimiento de que República Dominicana no debe seguir destacándose en el continente por sufragar el Poder Legislativo más costoso para el Fisco. Años atrás, y cuando todavía le faltaba crecer un poquito más, un análisis comparativo estableció que la función parlamentaria dominicana resulta una de las de mayores gastos comparada con otros 18 países.

Por habitante, lo destinado a remunerar con excepcionales niveles a los ocupantes de curules supera en un 80% el promedio de lo destinado para los mismos fines por otros 17 países de la región. República Dominicana cuenta con el Estado que sitúa a su Congreso en el quinto lugar en mayor número de miembros, costándoles a sus ciudadanos 40% más que la marca promedio de América Latina, zona en la que es el tercer país con más gastos para disponer de leyes.

El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, que se acoge a sus propios monitoreos sobre las funciones de Estado, ha planteado como conveniente que la ciudadanía conozca cuánto le está costando el accionar de sus representantes en el primer poder de la República a fin de velar porque llene sus fines a cabalidad.

EFICIENCIA O NO?

Interrogante que viene al caso cuando se conoce que importantes organismos multilaterales han llegado a decir que a la hora de diseñar políticas en naciones de esta región del globo debe tener prioridad el mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos para pleno beneficio de sus ciudadanos lo que no siempre se logra cuando las administraciones estatales crecen cuantitativamente dando de lado a lo cualitativo.

Uno de los entes llamados a asesorar y asistir a los países de la región en sus metas de desarrollo, que es CEPAL, advierte regularmente a las autoridades correspondientes de que: “Los servicios públicos no sólo se entienden como la oferta de elementos para la satisfacción de ciertas necesidades primordiales de la comunidad sino también como una amplia gama de instrumentos y medios con los cuales la ciudadanía debe contar para el pleno desarrollo de su potencial humano, social y económico”.

En este medio, donde tanto a nivel estatal como en el académico privado existe la forma de lograr “el desarrollo profesional de los servidores públicos”, el acceso a puestos oficiales suele parecerle a algunos observadores un privilegio con desprecio a los méritos personales. Desde el punto de vista de los críticos, aquí las que mandan son: “las prioridades del partidarismo de rasgo clientelar que ha predominado y están muy relacionadas con los éxitos electorales”. Averigüe usted.