El reto de construir democracia

El reto de construir democracia

Después de 31 años de dictadura, los dominicanos hicimos el compromiso de construir una democracia haciendo de ella instrumento de libertad y prosperidad. Muchos esfuerzos se han hecho en el plano político, y no pocos se han desorientado al perder sus ideas o su ideología; o al asumir que trazar un Plan de Desarrollo Nacional es responsabilidad exclusiva de los partidos políticos o del partido de gobierno.

Construir una democracia según la definiera Lincoln, exige al sector privado y al público (y los partidos que se reparten el poder) trabajar para esa mayoría. El Plan debe ser un esfuerzo de todos, y en un país de analfabetos integrales (leen y escriben pero no razonan) que no encontrarán por sí la ruta de escape a su pobreza, los que educaron y culturizaron su intelecto, deben encontrar y trazar el camino; los demás los seguirán.

En Economía, esa mayoría es el Mercado Interno. Los nacionalistas lo protegen para sus productores y generar empleos; y los aperturistas lo entregan sin reparos. Si prosperan mejorando su poder adquisitivo, la economía se expande. A su vez, las reglas del juego democrático, exigen competir en elecciones del Mercado Político, y allí cada ciudadano -no importa su condición tiene un mismo voto. Los partidos concilian con la cúspide de la pirámide socio-económica (los más favorecidos, que financian campañas), olvidando que la mayoría que elige está de la mitad para abajo.

El desempeño del gobierno y las prioridades de su gasto, radiografían su orientación política, y muestran que contrariando a Lincoln, la mayoría de los departamentos ejercen su función contra o en perjuicio de los gobernados: apagones incesantes con abuso de facturación; corrupción de funcionarios; delito incrementado; inflación de precios; nuevos impuestos indirectos (Itbis, combustibles); obras sin presupuesto y sin licitación; y desayuno escolar contaminado.

Rompiendo el molde, tres entidades estatales, SENASA, PROMESE Y PRO-CONSUMIDOR, asidua y cotidianamente, hacen democracia laborando para los de abajo. La primera da atenciones y servicios de salud; la segunda, vende medicinas genéricas en fracción de su precio en farmacia; y la tercera, defiende los ignorados derechos del consumidor en una Economía de Mercado que exige a sus agentes económicos competir, y prohíbe concertaciones u oligopolios contra los ciudadanos que -no por casualidad- también veda la Constitución.

Al repartir el gobierno los recursos del Presupuesto y Ley de Gastos Públicos, estas entidades que sirven a los que menos pueden, están a la cola. Entre los amparados por SENASA están los pensionados o jubilados del Estado, que por políticas equivocadas o falta de recursos, quedan más desprovistos que los asegurados activos. Si a la precariedad de esta condición en los niveles promedios de insuficiencia se suma una enfermedad catastrófica, la alternativa es resignarse a lo que venga, porque para estos casos SENASA no tiene cobertura ni SISALRIL tampoco.

Este artículo clama por quienes entregan su vida al servicio público con honestidad, quedando a merced de un sistema que no les recompensa con equidad. Se han cometido abusos con pensiones otorgadas con cuatro años de servicio, o a personas de solvencia sospechosa que deben depurarse. Las pensiones de modesto importe congeladas en el tiempo, las aniquila la inflación; y actualizar los salarios sin efecto retroactivo, crea la situación injusta de que, a un mismo cargo, los más antiguos, de más edad y salud más precaria, quedan con menos pensión que los recientes. Esta injusticia se corrige nivelando las pensiones.

Además, salarios y pensiones deben indexarse cada año en el Presupuesto con el IPC del Banco Central. Si el Estado lo hace con sus impuestos, debe hacerlo con sus obligaciones. Por lo demás, el gobierno, por simple lógica política, debe dar más recursos a sus tres entidades estrellas.

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