La República Dominicana se ha anotado la presea de ser el primer país en América Latina en elaborar y poner en manos de los médicos una guía o protocolo de atención de la chikungunya, enfermedad viral que, por fortuna, no ha ocasionado muerte, pero que ha afectado a miles de personas y se pronostica que continuará azotando por todo el territorio nacional. Esa guía es una herramienta importante porque, no solo indica cómo manejar al paciente afectado por esta enfermedad, sino que, además, fija las diferencias entre ésta y el dengue.

Con este protocolo en manos de los médicos de hospitales y clínicas privadas, y la inversión de RD$30 millones para financiar una campaña intensiva de combate contra el mosquito transmisor, anunciada por la Presidencia de la República, debería empezar a mejorar el cuadro epidemiológico generado por esta enfermedad.

Algo que no podemos pasar por alto es que la falta del sistema de atención primaria, que debería ser uno de los puntales principales de la seguridad social, y la calamitosa situación operativa y financiera en varios hospitales ha dificultado de manera dramática la atención de pacientes de chikungunya, que acuden masivamente. Esperamos que la experiencia que estamos viviendo con esta enfermedad sirva para acelerar la instalación del sistema de asistencia primaria.

PRECAUCIÓN PASADA POR ALTO

Por causas difíciles de entender, la OPRET ha estado trabajando con equipo pesado en una zona habitada, en la construcción de la prolongación de la segunda línea del Metro. Ayer, la caída de un canasto de varillas que era izado por una grúa, lesionó a una joven mujer y a su bebé, aparte de que dañó seis casas. Por suerte las cosas no pasaron de ahí, pero no se entiende por qué este organismo no desalojó previamente a las familias que ocupan las modestas viviendas en la zona de construcción.

Las obras de este tipo obligan a movilizar cargas y equipos muy pesados y los riesgos de accidente están siempre presentes. Ayer quedó demostrado. No se entiende por qué se omitió el traslado de las familias bajo potencial riesgo para evitar una desgracia, como la que estuvo a punto de ocurrir. Ahora es mandatorio que la OPRET reubique a las familias cuyas viviendas resultaron severamente dañadas.