2012 comenzará con dos nuevos órganos jurisdiccionales superiores –el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior Electoral (TSE)- conformados y con la tradicional Suprema Corte de Justicia (SCJ) sustancialmente renovada.

Ello será la culminación, con todas sus imperfecciones, naturales en toda obra humana, de uno de los procesos de postulación, evaluación y selección de jueces más novedosos, abiertos y transparentes que se conozcan en el mundo, en donde han participado casi 300 aspirantes y la ciudadanía ha podido seguir todo el proceso, paso a paso, por los medios de comunicación.

 No cabe duda que la SCJ que emergerá de este proceso será notablemente superior a la actual y ello así, con abstracción de los méritos de sus actuales miembros, por un dato sencillo pero fundamental: la Constitución ordena que las 2/3 partes de los designados para conformar la SCJ sean jueces de carrera, lo que permite no solo la renovación de dicha Alta Corte sino, además, promover a los mejores integrantes de la carrera judicial, dando chance por efecto dominó a los demás jueces que pasan a ocupar los cargos vacantes, y, lo que no es menos importante, una renovación en base a jueces experimentados.

Lógicamente, la Constitución ha sido lo suficientemente sabia para establecer una cuota en la matrícula de la SCJ para juristas destacados, permitiendo incluso que uno de ellos la presida, lo que impide la perniciosa cooptación del órgano por la burocracia judicial.

 Respecto al TC, lo que está en juego es cómo conformar un nuevo órgano jurisdiccional que, en gran medida, debe ser más que un órgano estatal, un verdadero tribunal ciudadano. La legitimidad del TC arranca con su conformación en base a juristas experimentados en la materia constitucional y con la debida sensibilidad para los temas del Derecho Público, pues, como dice Gustavo Zagrebelsky, “los hombres y los juristas ‘inflexibles y sin matices’ no se compadecen bien con el tipo de vida individual y social que reclama el Estado constitucional de nuestro tiempo.

Su presencia, además de ser fuente de fragilidad y emotividad, constituye un potencial de asocialidad, agresividad, autoritarismo y, en fin, no sólo de inconstitucionalidad, sino también de anticonstitucionalidad”. Pero su legitimidad al final solo será la que le darán sus sentencias que, si están debidamente motivadas, le ganarán el respaldo popular. 

 Aunque la responsabilidad de todo este proceso descansa fundamentalmente en el Presidente Leonel Fernández, que lideró la reforma constitucional y que encabeza la súper mayoría en el seno del CNM, así como en todos los demás miembros de dicho órgano, el gran reto de las Altas Cortes es para la sociedad.

En este sentido, no basta un cambio de hombres y mujeres para que se logre la institucionalidad. Hace falta que los abogados, los partidos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la academia estén pendientes de los fallos jurisdiccionales para elogiarlos y criticarlos según el caso y para que ningún error o corrupción lesiva del Derecho o de la justicia se cuele de contrabando. 

Por demás, solo una ciudadanía activa será capaz de hacer que se respeten los derechos y garantías fundamentales y que sean erradicadas de una vez y por todas las pequeñas pero peligrosas mafias judiciales que atentan contra la seguridad jurídica de las personas y de las empresas nacionales y extranjeras. Por eso hay que exigir la publicidad de las sentencias de todos los tribunales -no solo los superiores-, la transparente rendición de cuentas por las Altas Cortes, los votos motivados y razonados, concurrentes y disidentes, el fallo de los casos en los plazos legales, la inhibición y recusación de los jueces en los casos que proceda y la vigilancia de los patrimonios de los miembros de las Altas Cortes y del Poder Judicial.

Como diría Max Weber, no son ángeles ni demonios los que estamos eligiendo a las Altas Cortes sino seres humanos.  Y, como decía Montesquieu, “es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él”. Por eso, la importancia de que la alerta ciudadana no sea solo para la designación de las Altas Cortes sino también para el control social de sus actuaciones.