MELVIN MATTHEWS
El seminario internacional titulado «Visión y Análisis Comparativo de Reformas Constitucionales en Hispanoamérica», que acaba de auspiciar el Senado de la República, debe interpretarse como la clarinada formal del Congreso Nacional dando su aquiescencia, su asentimiento imprescindible a la revisión imperiosa de nuestra Ley Fundamental; que ha de ser una renovación verdaderamente consensuada, profunda y dilatada, la cual permitirá trocarla en plataforma jurídica capaz de relanzar y garantizar la práctica y el funcionamiento participativo del sistema político dominicano.

En principio, reconforta haber constatado que predominó la esperada actitud consensuada entre la élite de líderes de los poderes públicos, convocados inusualmente a la augusta sala de la Asamblea Nacional quizás con la idea de los organizadores de dotar, tanto al acto como a la iniciativa constitucional en si misma, de la aureola solemne, el compromiso y la promoción indispensables con la finalidad de persuadir al resto de la sociedad civil acerca de la seriedad y el carácter inaplazable de la impronta.

La formidable oratoria desplegada al atardecer del pasado miércoles por los responsables de los poderes del Estado, supone un acuerdo mancomunado para que a continuación el Congreso Nacional pondere los alcances de las medidas propuestas por la Comisión Especial para la Reforma Constitucional, entidad creada mediante decreto del pasado gobierno número 410-01, del 21 de marzo del 2001, la cual tiene ya redactado un anteproyecto que contempla una reforma hecha a través de una Asamblea Nacional Constituyente electa por voto popular en unos comicios que organizaría la Junta Central Electoral (JCE) y, por ende, coauspició, junto a la Universidad Católicas Madre y Maestra (PUCMM), los preparativos del seminario.

Las exposiciones de Andrés Bautista, presidente del Senado, Alfredo Pacheco, de los Diputados y Jorge Subero Issa, titular de la Suprema Corte de Justicia, validaron el compromiso legislativo y judicial de dotar al país de una constitución que sea la expresión acordada de una forma particular de gobierno democrático, que se rige por un conjunto de leyes objetivas y por la supremacía de la racionalidad del derecho sobre el poder de los gobernantes.

Concomitante a la propuesta jurídica anterior, el Presidente Leonel Fernández, representante del Poder Ejecutivo, inspiró su improvisada pieza oratoria de 25 minutos en la defensa y el ejercicio de los derechos individuales de los ciudadanos, trayendo inmediatamente al centro del debate el controversial referéndum revocatorio venezolano como una experiencia interesante que puede contemplarse favorablemente al revisar la constitución dominicana. Defendió la figura del plebiscito, e introdujo otra novedad, al lamentar la falta de mecanismos institucionales para afrontar las recurrentes crisis de gobernabilidad surgidas en Latinoamérica y que, eventualmente, pudieran surgir localmente. Reconoció que la actual carta sustantiva adolece de una separación efectiva de las funciones públicas.

Luego del concurrido acto protocolar, durante el cual permanecieron tras bambalinas protagonistas como el doctor Luis Arias, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), cabeza del ahora denominado Poder Ciudadano, sentado entre el público, y Monseñor Agripino Núñez Collado, coordinador de la poderosa Comisión Especial para la Reforma Constitucional, las deliberaciones coparon la atención de los participantes por la calidad temática, la sabiduría de los expositores y las lecciones aprendidas.

Las cátedras magistrales, a cargo de destacados académicos constitucionalistas hispanoamericanos, no solamente reflejaron el esmerado criterio selectivo y la profesionalidad de los organizadores al escoger invitados extranjeros tan distinguidos como relevantes, sino que las mismas introdujeron valiosos testimonios, teorías y prácticas que ponen al alcance del país la vasta experiencia continental sobre una materia compleja y desafiante, que como la reforma constitucional, la hemos emprendido 39 veces, al parecer, infructuosamente, pues aún necesitamos actualizar nuestro régimen de derecho.

Brillante es el calificativo que merece la conferencia dictada por el jurista y político dominicano Milton Ray Guevara, quien agotó el tema «La Reforma Constitucional en la República Dominicana», fungiendo, al propio tiempo, de moderador dada su calidad de asesor del Senado, mientras suscitó elogiosos comentarios la cátedra «Los Retos de la Reforma Constitucional», del doctor Allan Brewer Carías, profesor de la Universidad Central de Venezuela y Vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparado, con sede en La Haya, Holanda.

Encendidos debates suscitaron los tópicos «Reforma Constitucional y Reforma del Estado», del español Santiago Catalá Rubio; «Representación y Participación en la Reforma Constitucional, del peruano César Landa; «La Sociedad Civil y la Reforma Constitucional», del español José Luis García Guerrero, y «Derechos Humanos, Estado de Derecho y Reforma Constitucional», del también español Marcos Masso Garrote.

Materia ilustrativa fueron «La Reforma Constitucional Española: una experiencia orientadora?», de José Luis García; «Contenido de la Reforma Constitucional: Límites y Alcances», del mexicano Miguel Carbonell y «Reforma Constitucional y el Proceso de Afianzamiento de la Democracia Panameña», a cargo de César Vásquez.

Todas aportaron un ancho marco teórico conceptual y una inequívoca referencia experimental para la inminente reforma constitucional dominicana, que, a nuestro juicio, debe abordarse después de superados dos obstáculos fundamentales: el primero, ya de naturaleza cultural, subyacente en el concepto generalizado entre la clase política de que «la Constitución es un pedazo de papel», la frase acuñada por el ex Presidente Joaquín Balaguer, creada por él, deliberadamente, para debilitar el ordenamiento jurídico institucional en aras de su autocracia, enseñando que la ley de leyes puede ser violada, manipulada, pisoteada, rota, tirada y ensuciada, únicamente para defender los intereses de una gran facción.

Al influjo de esa negativa percepción, dos grandes facciones emprendieron reformas en 1994 y 2002 exclusivamente para continuar en el poder al margen de todo consenso. La primera fue un conciliábulo para impedir el triunfo de José Francisco Peña Gómez, legislando en su perjuicio la modalidad del 50% más 1 de los votos emitidos, la doble vuelta electoral y los colegios cerrados. Las dos últimas derogadas.

En el 2002, se reintrodujo la reelección presidencial, no porque sea ilegitima la aspiración de un mandatario a continuar en el cargo para un segundo período único y consecutivo –tesis que creo conveniente para el país- sino por el carácter unilateral de la reforma alcanzada, debido básicamente a que se desconoció el principio de que un gobierno popular, tipo el encabezado por el Presidente Hipólito Mejía, equivale generalmente al gobierno de una simple mayoría, pero que, como decía Juan Jacobo Rosseau, el filósofo de la política y moralista francés, el interés de la mayoría puede constituir el de una gran facción más que el de todos. Podría incluso producirse una disyuntiva entre el interés de todos, denominado por Rosseau «la voluntad de todos», y la voluntad general, que es el bien público; lo que en términos modernos significa que la agrupación de intereses privados puede no producir el interés público.

¿Delegarán sus funciones de Asamblea General Revisora para modificar la Constitución, los 182 senadores y diputados actuales para que, en su lugar, se elija una Asamblea Nacional Constituyente que realice las funciones para las cuales han sido elegidos?

He ahí el segundo obstáculo. De todos modos, manos a la obra.