Más de treinta años transcurrieron desde que la educación ciudadana se consignara en el Plan Decenal de Educación de 1992 y un cuarto de siglo tras dictarse la Ordenanza de Educación Cívica 3-99, tiempo suficiente para que en la República Dominicana surgiera una generación de ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y deberes, respetuosos de la Constitución y de las leyes, responsables, participativos.

Más que suficiente para que de las aulas de escuelas y colegios emergieran jóvenes con una conducta social dictada por valores cívicos, por los principios de una real democracia.

No ha sido así. Tal normativa, orientada a lograr un cambio de mentalidad, actitud y comportamiento, se incumplió. Y un factor determinante fue y sigue siendo la escasa formación docente, el desinterés de los gobernantes en una ciudadanía con un pensamiento crítico, reflexivo, con un compromiso social que la impulse a reclamar justicia social, igualdad de oportunidades, un desarrollo con mayor equidad.
Se relegó, a pesar de que esa disposición fue sucedida por evaluaciones que precisaban las causas del rezago, por estudios y fascículos con estrategias didácticas y recomendaciones pedagógicas indicando los pasos a seguir.

En permanente crisis

Salvo casos aislados, la educación cívica y ciudadana está en crisis, reclama una revaluación, cambios vitales que ayuden a cimentar una cultura democrática, forjar una ciudadanía que defienda los derechos para el bien colectivo y ponga al Estado bajo el escrutinio de la sociedad, con una permanente observancia del manejo del erario.

Los planes y pactos educativos de básica y media que se sucedieron en los dos primeros decenios del siglo XXI no la priorizaron, tampoco las universidades, graduando docentes sin la formación necesaria para tal enseñanza. Aún no se plantea darle la importancia necesaria en el sistema educativo nacional, con pobre desempeño en las labores académicas en las que se ha centrado.

Aunque el hogar y la escuela deben ser los maestros por excelencia en moral y cívica, poco han aportado a un cambio de mentalidad en la sociedad dominicana, repitiéndose los mismos patrones de generaciones anteriores.

Una evidencia de que de su seno no ha surgido una ciudadanía con valores éticos y morales es la violencia doméstica y escolar. Y es que la ausencia de educación cívica fomenta los feminicidios, la cultura de ilegalidad y corrupción, los accidentes de tránsito, el daño ambiental, la criminalidad y la delincuencia, entre otras inconductas.

Lo demuestran el autoritarismo y subordinación, la exclusión y discriminación, la poca valoración de la dignidad humana, la apatía de la población, la falta de interés y compromiso con los problemas sociales, el alerta de mayor desencanto en la democracia.

Crítico panorama que demanda una vigorosa respuesta estatal con la enseñanza formal e informal en educación cívica y ciudadana, con campañas educativas que lleguen a toda la población.

Débil ciudadanía

Educadores coinciden en que en el actual contexto social, de desintegración familiar y abulia social, procede enfatizar el rol de la escuela ante la persistencia de una frágil ciudadanía, resquebrajada con la política clientelar, acrecentada por los partidos políticos en el poder, justo durante esos tres decenios en que la entonces Secretaría de Educación (hoy Ministerio) incumplió la disposición de impartir educación cívica y ciudadana.

Prevalece una conducta clientelar, confirmada en la Encuesta de Cultura Democrática en la RD 2022-2023, publicada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), clara evidencia de la débil ciudadanía, de la necesidad de educar.

Al presentarla, en septiembre pasado, el exministro Pavel Isa Contreras abogó por mayor esfuerzo en el sector educativo para que los valores democráticos sean trabajados desde la escuela.

Desterrar ignorancia

Educar es el camino. Cumplir la Ley General de Educación 66’97, su propósito de formar hombres y mujeres libres, críticos, creativos, que combinen el trabajo productivo, el servicio comunitario y la formación humanística, científica y tecnológica, capaces de construir una sociedad democrática y participativa, justa y solidaria.

Educar en vez de fomentar en la población vulnerable una conducta clientelar impulsada por la ignorancia y la pobreza en que la han mantenido sus gobernantes, responsables de su dependencia de dádivas que refuerzan la pasividad frente a un clientelismo que erosiona la calidad de la democracia.

Más que lamentarse, procede formar una ciudadanía que actúe responsablemente, cumpla sus deberes y reclame sus derechos, consustanciándose con la justicia, la libertad y legalidad, honestidad, tolerancia, diversidad y respeto de las minorías.

En un aprendizaje continuo dotar a niños y jóvenes de conocimientos, actitudes y competencias, que garanticen la formación de ciudadanos y ciudadanas pensantes, comprometidos con la ley, el derecho y la justicia.

Formar una ciudadanía con habilidades y destrezas que decididamente se involucre en los problemas sociales de su comunidad y de toda la sociedad, promoviendo los valores de solidaridad y cooperación que incidan en la construcción del desarrollo humano y la paz social.