La selección de un nuevo Tribunal Electoral tendrá de desafío esencial liquidar la cultura del reparto que, desde el año 2010, dos políticos asumieron como forma de caracterizar una sana administración de justicia transformada en mascarada institucional al servicio de sus agendas. Resultados funestos, fallos indecentes y una reputación cuestionable de “jueces” incapaces de deslindar entre los que le ayudaron a llegar al cargo y la credibilidad del sistema democrático.

Danilo Medina no anduvo ni influenció en el proceso inicial de la estructuración de las Altas Cortes. Inclusive, es bueno recordarle que en un tramo de la articulación de sus aspiraciones 2016/2020, gente que hoy anda procurando su gracia intentó necedades y obstrucción bajo tecnicismos legales, con la clara intención de hacerle la vida imposible. De eso, sabe él y su abogado en el proceso, hoy embajador en España, Olivo Rodríguez Huerta. ¿Lo olvidó?

Ahora, el presidente Medina posee una innegable mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Así no habrá excusas para reproducir los vicios del reparto del miserable Pacto de las Corbatas Azules. Por eso, la sociedad apunta hacia él para impedir los riesgos y traumas futuros que se generarían repitiendo en el Tribunal Superior Electoral (TSE) a cualquiera de sus miembros. Además, los años por venir plantean competencias internas en las organizaciones partidarias de mayor importancia que se debaten no sólo en la edificación de nuevos liderazgos sino sedientas de actores con mayor responsabilidad y compromiso para contrapesar las prácticas del poder y oposición.

Abordamos los desafíos del modelo democrático nuestro con tanta superficialidad que no nos preocupamos por asimilar que, ante un esquema partidario rumbo al colapso , la existencia de un árbitro institucional serviría de mecanismo regenerativo. Y para conquistar esas metas, el Tribunal Superior Electoral (TSE) debe caracterizarse por perfiles como los establecidos por la Conferencia del Episcopado Dominicano que atinadamente consignó la urgencia de imparcialidad, honorabilidad y vocación patriótica en los futuros integrantes del TSE y SCJ.

Aunque el protocolo establecido en el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura consigna los recursos para impugnar a los aspirantes a un asiento en las altas cortes, resulta sabio ir más allá de la formalidad legal. Inclusive, entre los llamados a seleccionar los futuros jueces existen miembros con excesiva información para ponderar las virtudes e integridad de los aspirantes. No estoy aupando asaltar la privacidad de los postulados. De hecho, hacerlo no resulta sano, pero sí se torna importante poseer toda la información privada que conduzca hacia la proyección de comportamientos públicos y generen seguridad suficiente para que la politiquería no siga premiando a gente carente de valores fundamentales.

La condición humana es imperfecta. Pretender la conformación de un cuerpo de hombres y mujeres que integren las Altas Cortes próximo al ideal de preparación, respeto por la institucionalidad y decencia no es pedir mucho. En el justo balance de la vida siempre es válido observar mayor oro que escoria. Lo que no se corresponde con las expectativas ciudadanas es que se estimule la incapacidad escudada en rostros de representación de cuatreros políticos con categoría de “líder”, entendamos lógico premiar cuotas femeninas en compensación de lazos furtivos en épocas universitarias, asumir de necesario repetir con profesionales fascinados por el dinero y darle ribetes de tolerancia al que mal utiliza la superioridad jerárquica para tomar provecho de empleadas. Así se estimula la indecencia!

Elegir siempre es riesgoso. Afortunadamente, la democracia permite apelar a la conciencia de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para que por vía indirecta no retrocedamos en el orden institucional. Mantener en el Tribunal Superior Electoral (TSE) a jueces desacreditados, representa un impulso al modelo de comportamiento que el país desdeña.