Hoy 
Las cifras que sobre la deuda pública del país aporta el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) son como para preocuparse. Según un análisis de esta entidad, del 2005 a la fecha la deuda externa subió un 139% y la interna escaló a un 742%. Como resultado de esto, las erogaciones por concepto de pago de intereses y servicios de la deuda subió de RD$27,094 millones en 2012 a RD$35,435 millones este año, lo que representa un repunte del 31% en tan solo un año.
Los gobiernos siempre defienden la práctica de recurrir demasiado al crédito interno y externo. Lo que se denomina capacidad de endeudamiento parece no tener una frontera definida. Que la deuda externa se haya más que duplicado de 2005 a 2013 parece cosa común y corriente para los planificadores económicos del Estado, aunque es obvio que los compromisos derivados de ese repunte sacrifican las finanzas públicas.
Una pregunta que siempre queda sin respuesta es hasta dónde aporta al desarrollo el asumir deuda tan vertiginosamente. Qué tan saludable es que el crecimiento de nuestro PIB dependa tanto del componente deuda externa, en vez de ingresos netos por concepto de exportaciones. No hay que ser adivino para asegurar que las cifras del CREES encontrarán contradictores, pero es difícil que logren despejar la preocupación.
COMO TIENE QUE SER
La Dirección General de Migración ha informado a los empleadores que contratan extranjeros de su propósito de inspeccionar los centros de trabajo para verificar si la contratación y los contratados se acogen a las regulaciones oficiales. La decisión no puede ser más oportuna y justa, toda vez que la mano de obra extranjera está desplazando a la dominicana y estimulando un ingreso masivo de inmigrantes ilegales, especialmente haitianos.
Todo empleador sabe que la contratación de mano de obra extranjera está sujeta a una regulación oficial que fija la proporción del personal de una empresa que puede ser extranjero y los requisitos de ingreso, estada y permiso laboral que debe llenar. Estas regulaciones se violan de manera sistemática en el país, en perjuicio de trabajadores dominicanos. Lástima que sean ridículas las sanciones que contempla la ley para los autores de esta transgresión.
