Al Presidente Danilo Medina le ha tocado el designio de ejecutar la más profunda profilaxis migratoria de la historia nacional, contemplada dentro de la Sentencia del Tribunal Constitucional y el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. También, al mandatario le ha correspondido enfrentar, con presteza y coraje, al mayor conciliábulo anti dominicano jamás orquestado desde el exterior, responsable por llevar a cabo la peor campaña de descrédito contra la República Dominicana.

Este último tramo del affaire dominico-haitiano empezó a raíz del poderoso terremoto que en el año 2010 asoló a Puerto Príncipe. Frente a la tragedia, la asistencia dominicana fue pronta y esmerada, mientras que el auxilio de la comunidad internacional llegó demorado y luego de vencer obstáculos burocráticos enormes.

Potencias como Estados Unidos, Francia y Canadá, junto a los principales organismos multilaterales concibieron un presupuesto de US$12,500 millones para financiar la reconstrucción y el progreso haitianos a largo plazo, el cual implicaba la recogida de miles de toneladas de escombros, la construcción de obras de infraestructura, hospitales, viviendas para millares de damnificados alojados en tiendas, edificios públicos y el palacio de gobierno.

Pero todo quedó en meras lucubraciones; si la comunidad internacional ha invertido hasta ahora el 10% del aludido presupuesto, ha sido mucho. Tal fracaso fue atribuido al carácter fallido del Estado haitiano, incapaz de preparar siquiera unos comicios congresuales y municipales.

En el ínterin, la República Dominicana vio quintuplicarse en un santiamén la presencia haitiana en su territorio, mientras la comunidad internacional avizoraba a Dominicana como la tierra prometida para los haitianos. Pero el Tribunal Constitucional, con su histórica sentencia, y Danilo Medina, con la regularización, han trastornado un proyecto antinacional que, de seguir adelante, hubiera provocado una verdadera crisis humanitaria del lado dominicano.