La economía dominicana ha estado registrando cifras favorables durante los últimos años en términos económicos; sin embargo, la misma no ha llegado o se infiere que no ha logrado derramarse a todos los sectores de la población, por lo que es objeto de crítica. En ese sentido, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, en una comparecencia ante la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), ha realizado un llamado al sector público y empresarial a mejorar los salarios de los trabajadores, y contribuir así a la reducción de la pobreza y al derrame del crecimiento económico. Este llamado viene en consonancia con estudios que ha realizado esa institución, donde se demuestra que los salarios nominales en el país han crecido – en promedio – a un ritmo menor que la inflación, es decir, ha habido un deterioro del salario real de los trabajadores. Un descubrimiento interesante de dichos estudios es que el ingreso promedio real de los trabajadores dominicanos en 2014 era prácticamente igual que en 1991, a pesar de que la productividad ha aumentado en 65.5% en estos últimos 23 años.
Desde un punto de vista meramente económico, bajos salarios son reflejos de la concentración del ingreso y de su mala distribución. Un aumento en los salarios es un indicativo inmediato de una economía en crecimiento porque con él se logra estimular el gasto y a través de éste la inversión por ello, se sugiere un cambio en la política salarial pues con ello se podría inducir una nueva dinámica en la que un crecimiento de la demanda interna incremente la productividad y los niveles de empleo y de ingresos.
A pesar de esto, desde una óptica económica, la problemática del salario mínimo está muy lejos de ser resuelta. Desde la perspectiva filosófica o moral, es muy claro que la justicia social exige que a los trabajadores se les pague un salario suficiente para su propio sustento y el de su familia; y todos los miembros de la sociedad tienen una responsabilidad proporcionada de asegurarse que se implemente.
Se señala que el valor del salario mínimo debe verse más allá de un mero instrumento de política económica y debe ser discutido desde una perspectiva basada en el principio de la ética y la justicia.
Es un asunto que debe verse desde una perspectiva moral y de justicia social que los trabajadores reciban un salario esencial. Un documento firmado por el papa Pío XI sobre la Restauración del Orden Social en 1931 argumenta que “La preservación de la vida es deber de todos, y no cumplir con él es un crimen.
Se sigue que cada uno tiene derecho a procurarse los medios para vivir; y los pobres no pueden procurarlos más que con trabajo y salario”.
En ese sentido, es necesario que el crecimiento se expanda a todos los sectores de la economía. Es indispensable que todos se hagan participes de este motivo, puesto que la economía dominicana ha tenido un crecimiento notable durante los últimos años. Según detalla un Informe de Desarrollo Humano para República Dominicana, de la década pasada, que en los últimos cincuenta años la economía ha tenido el crecimiento promedio más alto de América Latina y el Caribe, no obstante, el país ha mostrado un insuficiente avance en términos de desarrollo humano. El informe apunta que la causa principal de la pobreza dominicana no es la falta de financiamiento y recursos económicos, sino el escaso compromiso con el progreso colectivo del liderazgo nacional político y empresarial durante las últimas décadas y la ausencia de un pacto social, de participación, de solidaridad y del empoderamiento de los sectores mayoritarios de la sociedad dominicana.

Asimismo, el Jesuita Fagothey, establece que “el avance hacia la justicia social es una obligación moral grave que descansa directamente sobre los jefes de la sociedad que tienen el poder y la influencia para hacer algo. No sucederá automáticamente, sino que requiere de los esfuerzos cooperativos de todos bajo la dirección del más capaz.”