Al echarse la paloma, no en ocho años la mitad de los cuales era mechado con el agorero cántico de la reelección, el Congreso dócil del presidente Leonel Fernández trata el espinoso tema del salario tope en la administración pública.

Voces de diferentes ángulos se escuchan postulando que ningún funcionario del Estado debe percibir un salario superior al del jefe del Estado que se proyecta en RD$500 mil que viene resultando US$20 mil dólares, que alcanzan para rentar un apartamento en el East Side de Nueva York y vivir con holgura.

Sabemos casi todos que hay funcionarios del Estado que perciben cuatro veces esa suma en organismos autónomos que, empero, sostenemos los contribuyentes ¿o son recursos provenientes de los alienígenas?

No es discutible los aportes nada pequeños que algunos organismos descentralizados del Estado consiguen para la sociedad dominicana, alusivos de manera específica al área monetaria, y el quid del asunto estriba en que si ese servicio público tiene que ser concomitante hacerse rico. La nómina del Estado es asaz hipertrofiada en 511 mil individuos, de manera escandalosa la que concierne al servicio exterior y el caso de un embajador que tiene una dotación de US$50 mil mensuales y el presidente de la República le permite que permanezca tres y cuatro meses en el país dulcificándolo en un programa de tv.

El proyecto de ley del salario tope debió el presidente Leonel Fernández dejar que lo definiera el presidente electo Danilo Medina, como los préstamos ya aprobados por el Congreso luego de las elecciones y las pensiones que en ese lapso ha otorgado el jefe del Estado, todo lo cual traduce una lectura engorrosa para todos, pero sobre todo para el paciente, silencioso, prudente y sensato presidente electo, no obstante, como ser humano, rumiar para adentro.