Está de moda hablar de reformas económicas, los informes del FMI repiten que se necesitan en Europa, Estados Unidos y en países emergentes. En República Dominicana habló del deterioro de la política, citando el bajo crecimiento, el déficit fiscal y la vulnerabilidad de la posición externa, le preocupa el cuadro macro-económico que dejó el gobierno de Leonel Fernández, que usó los impuestos y se endeudó para elevar el gasto y exhibir un costoso crecimiento, una mala imitación de Argentina, que por casi diez años creció rápido a pesar de aplicar malas políticas, pero que luego se dieron cuenta de que habían cometido un grave error.

Es cierto, en República Dominicana la política pública debe cambiar, pero con  sentido, por eso lo primero es ponernos de acuerdo para saber a dónde queremos llegar y cuándo aterrizamos, para luego entrar en el cómo. El  objetivo económico debería ser lograr que en el menor tiempo posible nos califiquen de país desarrollado, aspirar a un ingreso per cápita anual de US$22 mil. Es enorme la distancia que nos separa, terminamos con US$5,762 en el 2012 y para alcanzar la meta necesitaríamos 23 años (en el 2035) creciendo anualmente  6%, aunque podríamos acercarnos más rápido con políticas efectivas que reduzcan la expansión de la población de 2% anual en los últimos diez años. Debemos evitar poner la carreta delante de los bueyes y equivocarnos con reformas que no conduzcan a ninguna parte, solo para complacer recomendaciones o porque están de moda, podríamos extender en el tiempo el bajo crecimiento de 4% de este año, siendo necesario 36 años (en  el 2048) para alcanzar el nivel de ingreso per cápita mencionado.

La prioridad es reformar el sector eléctrico. El simple hecho de que el gobierno transfiera 2.20% del PIB y que sea insuficiente porque los usuarios pagan una tarifa alta e injusta además soportar apagones, demuestra la magnitud del fracaso de la capitalización de 1998. Para enderezar el entuerto en el mediano plazo se deben hacer cuantiosas inversiones, que reduzcan las compras del Kwh de 19 a 13 centavos de dólar, el promedio de los países centroamericanos. Para ello se necesitan inversiones en plantas a carbón y a gas natural, que aumenten la participación en la matriz energética de 14% a 30% y de 27% a 40%, respectivamente.

La reforma debe tener credibilidad, se gana si el gobierno anuncia que especializa los fondos Petrocaribe y los ingresos fiscales por exportación de oro. Si se mantiene Petrocaribe el programa desembolsaría US$2,000 en cuatro años y por la exportación de oro el gobierno debe aspirar anualmente a US$900 millones. Al final se usaría solo una parte de los recursos, el sector privado haría la mayor inversión convencido de que el gobierno tiene los fondos para actuar y está decidido a resolver el problema. 

Cuando la población vea que hay luz al final del túnel, sería el momento de plantear la reforma fiscal integral, que privilegie el ahorro nacional, para que se convierta en el financiamiento base del crecimiento anual de 6%. De esa manera se reduce la deuda pública respecto al PIB. Es la manera práctica de dar un salto hacia adelante.