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El Ministerio Público de El Salvador giró el jueves una orden de captura contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén, en su carácter de vicepresidente de la República en el gobierno de Mauricio Funes, por los delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.
En una operación conjunta con la Fiscalía, las fuerzas de seguridad también capturaron a cinco exfuncionarios del gobierno de Funes.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, confirmó en conferencia de prensa la captura de Violeta Menjívar, exministra de Salud; Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda; Calixto Mejía, exviceministro de Trabajo; Hugo Alexander Flores Hidalgo, exviceministro de Agricultura y Ganadería, y Erlinda Handal Vega, exviceministra de Tecnología.
Menjívar, Mejía, Flores Hidalgo y Handal son prominentes dirigentes y militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un partido político formado a partir de varios grupos guerrilleros que gobernó el país entre 2009 y 2019 con los presidentes Funes y Sánchez Cerén.
Además de la orden de captura contra Sánchez Cerén, Delgado dijo que también se hizo lo propio con Manuel Orlando Quinteros Aguilar, exministro de Obras Públicas; Lina Dolores Pohl, exministra de Medio Ambiente; y José Guillermo López Suárez, exministro de Agricultura.
El fiscal general afirmó que “varios de ellos se encuentran fuera del país huyendo”, pero se negó a dar mayores detalles.
Delgado afirmó que, en sus cinco años como vicepresidente, Sánchez Cerén recibió fondos ilícitos por un importe total de 530.00 dólares.
El presidente, Nayib Bukele, que asumió el poder el 1 de junio de 2019 tras vencer en las urnas al FMLN, dijo en su cuenta oficial de Twitter que “el expresidente Salvador Sánchez Cerén es oficialmente un prófugo de la justicia. Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó”.
Según el Ministerio Público, la investigación se deriva del caso llamado “Saqueo Público”, que abarca de 2009 a 2014, durante el mandato de Funes, cuando la Asamblea Legislativa aprobó 80,8 millones de dólares para la Casa Presidencial para los cinco años de gobierno, pero al final terminaron siendo 351 millones de dólares en transferencias de fondos realizadas por el exministro de Hacienda sin autorización del Congreso.
Delgado afirmó que en las investigaciones que se iniciaron en 2019, dentro del proceso penal contra el exmandatario, “se pudo comprobar que el dinero fue utilizado para financiar sobresueldos y bonificaciones fuera de la ley” a varios exfuncionarios del gobierno de Funes.
Funes tiene cinco procesos penales abiertos en varios juzgados de El Salvador, entre ellos el juicio por el desvío de 351 millones de dólares que, según la Fiscalía, fueron a parar a cuentas de testaferros, de familiares y de sus allegados.
Funes, su pareja Ada Mitchell Guzmán, y sus hijos Diego Roberto y Carlos Mauricio Funes, se encuentran en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega. En aquel momento se desarrollaba un juicio civil en su contra por enriquecimiento ilícito y no enfrentaban aún una orden de captura.
Al enterarse de las detenciones, la dirección del FMLN condenó en un comunicado “los actos de violencia” contra sus compañeros y exigió su libertad inmediata.
Funes también reaccionó en Twitter: “Todo indica que comenzó la cacería de brujas del gobierno contra la oposición de izquierda. A los exfuncionarios detenidos no se les ha respetado el debido proceso ni se les ha permitido la asistencia de un abogado defensor”.
Delgado respondió a esto señalando que “Aquí no se trata de persecución política. Esta es la persecución de ladrones que se escudan en sus discursos políticos y no dudaron en traicionar al Estado y a su población”.
Delgado detalló los montos de dinero entregados mensualmente a cada uno de los exfuncionarios y que constituían un agregado a su salario.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Publica, Gustavo Villatoro, dijo que “Aunque no haya sangre derramada como lo puede ser en delitos de homicidios, todo este montón de dinero nunca llegó a hospitales, nunca llegó a escuelas, nunca llegó para comprar equipamientos para las fuerzas policiales”.
