Preservar encarecidamente el equilibrio macroeconómico supeditado a una estricta vigilancia de los agentes de cambio y de la banca, es algo que deben garantizar las autoridades económicas para poder concluir exitosamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los secretarios de Estado de Finanzas y Técnico de la Presidencia, acaban de puntualizar que el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Bienes (Itebis), no será tocado ni en lo referente a la posible ampliación de su base y a las tasas actuales.

Se habla, en cambio, de aplicar aumentos del orden del 30% al Impuesto Selectivo al Consumo.

Esos arreglos a que llegó el gobierno con el Fondo Monetario, revelan que este «Acuerdo Técnico» está supeditado al cumplimiento mutuo de los desembolsos de corto plazo a que se comprometió el organismo multilateral, sujetos a la adopción de políticas económicas por el gobierno.

Marcelo Figuerola, jefe de misión del organismo sostiene a este respecto que el país deberá poner en ejecución en lo inmediato varias políticas de carácter macroeconómicas y estructurales vinculadas al éxito que se espera tenga la aplicación de programa acordado entre las partes.

Esto evidencia el deseo de parte de las autoridades del Fondo de que este acuerdo sea sostenible no sólo en el corto plazo, sino también duradero en el tiempo, en función de las nuevas políticas desplegadas a nivel mundial por el organismo.

Uno de los aspectos más puntillosos del acuerdo lo es el hecho de que algunas partes del acuerdo, tales como la nueva carga impositiva, deberá estar en breve en manos del Congreso Nacional para ser conocida y adoptada, como forma de que el prespuesto de Gastos para el 2004 se convierta en un instrumento fiscal sostenible.

Para muchos esto plantea la posibilidad de que el año venidero no inicie sin presupuesto de gastos en tanto el Congreso disponga su aprobación. En ese caso, los mecanismos prevéen que el Poder Ejecutivo puede hacer uso de sus facultades conferidas en el artículo 55 de la Constitución de la República y disponer de las partidas de recursos utilizando el presupuesto del año anterior.

Estos arreglos están contemplados en lo que recientemente el FMI ha definido como «Nuevas Directrices de Condicionalidad» a nivel mundial para los países, donde se resalta que «cuando un país solicita financiamiento al FMI, las autoridades preparan una «carta de intención» en la que definen las medidas que van a aplicar durante el período del programa». Pero mucho más, se trata de las nuevas recetas de «soluciones duraderas» que el Fondo exige ahora a los países.

En una reciente publicación oficial del organismo sostiene que «en muchos casos también deben cumplirse acciones antes de la aprobación de la solicitud por el Directorio Ejecutivo».

El Boletín del Fondo correspondiente al 2003 resalta que en general el financiamiento se otorga en varios desembolsos y cada uno de ellos «está condicionado al cumplimiento de criterios de desempeño especificados».

Los criterios de desempeños especificados para República Dominicana son, según el secretario Técnico de la Presidencia, Carlos Despradel, la adopción de un presupuesto estable para el 2004, un programa para mejorar la situación financiera del sector eléctrico dominicano, mejores controles monetarios, y pasos para apuntalar y supervisar debidamente el mercado de cambio.

Puestas en marcha esas decisiones, el país estará en condiciones de recibir los restantes US$498 millones de un total de US$618 millones acordados en agosto con el FMI. A parte de estos fondos, el hay otros recursos que el BID y el Banco Mundial tienen dispuestos para desembolsos en enero próximo.

Estos desembolsos de recursos frescos, en adición a la concreción de los mecanismos de cambio dispuestos tienen previsto ingresar fondos en reservas al gobierno que permitirán una drástica reducción de la tasa de cambio muy por debajo de los RD$40 por dólar.

También se explica que la condicionalidad ha evolucionado en el curso de la historia del FMI, según las circunstancias y dificultades de sus países miembros.

Al definir su cometido explica que aunque se dispone de condicionalidades temporales para los países con problemas de balanza de pagos, existen estas «soluciones duraderas».

«Una solución duradera, sin embargo, exige ajustes y reformas. La condicionalidad asegura que el financiamiento del FMI se complemente con las medidas correspondientes, y por lo tanto respalda una solución duradera para las dificultades de balanza de pagos del país».

Acorde al régimen de consultas del artículo IV, se exige ahora una mayor eficacia en la supervisión, lo cual implica, entre otras cuestiones:

[b]ºMejorar la calidad de los datos enviados al FMI y los que se publican.[/b]

ºUna supervisión más sistemática del sector financiero, en especial a través del banco Mundial y del Fondo, utilizando el programa de evaluación del sector financiero (PESF).

ºNecesidad de un nuevo marco analítico para evaluar la sostenibilidad de la deuda externa, contenido en los informes de supervisión de países con acceso a mercados de capital.

ºEsfuerzos adicionales del FMI para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

ºMayor transparencia de los datos de los países y de las políticas.

ºSupervisión más intensa de los países con programas respaldados por el Fondo.

[b]¿CUÁLES IMPUESTOS ATACAR?[/b]

En el transcurso de los años 80, cuando la recesión económica internacional tocó a países ricos y pobres, los republicanos estadounidenses argumentaban la necesidad de recortar los impuestos con el objeto de estimular el ahorro privado y la inversión.

El argumento estuvo basado en el corolario de que «si bajan las tasas, la gente dispone de más dinero y entonces puede invertir mucho más».

Para cumplir con tales metas, que en teoría debían tener la repercusión práctica esperada, el gobierno norteamericano procedió a desmontar selectivamente los porcentajes de los gravámenes aplicados a los artículos de lujo. También consideró y decidió rebajar el cobro del impuesto sobre la renta apuntando al mismo propósito.

En sentido general, se trata de los mismos teoremas que la moderna econometría aplica en las sociedades capitalistas abiertas, bien se trate de naciones ricas o pobres, no importa si son grandes o pequeñas.

Tras analizar los primeros resultados de aquellas políticas los más destacados economistas del mundo, observaron que no siempre los supuestos teóricos tienen la concreción práctica esperada.

En los Estados Unidos y en muchos países, mientras las autoridades esperaban que los productores y consumidores se regocijaran con el ahorro obtenido por vía de reducciones impositivas que se tradujesen en inversión directa, los resultados fueron inversos y el crecimiento no se concretó tal como se esperaba.

De aquí que en el recurrido modelo que presenta la «Curva de Laffer», en que el incremento de las tasas para obtener mayores recaudaciones opera como un factor decisivo sobre el comportamiento del consumo y del ahorro de personas e instituciones, hay que considerar el umbral que limita la capacidad de compra de los consumidores antes de aplicar incrementos adicionales.

Al momento de aplicar las medidas necesarias en pos de aliviar la presión fiscal y parear ingresos y los gastos, también es importante ponderar cuál de los impuestos disponibles en la canasta de recaudaciones permiten adicionar gravámenes de efectiva recaudación para el Estado, erosionando lo menos posible el poder adquisitivo de los contribuyentes, especialmente por tratarse de países pobres.

Lo importante es que al final se produzca el equilibrio macroeconómico que permita al país estabilizarse y retomar la senda del crecimiento.

En el caso dominicano, en estos momentos todo está subordinado a la eficacia de las políticas públicas para apuntalar la economía y disminuir la pobreza, en medio de una crisis hostil que se ahonda en la medida en que factores exógenos e internos se complementan para obstaculizar su efectiva ejecución.