El sector agropecuario también impugna  alzas tarifas de navieras

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La posición del sector agroexportador representado en  la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), es la de que las condiciones económicas  que ha vivido el país no  permiten aceptar las alzas en las tarifas por el servicio de manejo interno de los contenedores en los muelles, dispuesto por las navieras asociadas a la compañía Facilitadores de Despachos del Atlántico, creada por el grupo E. T. Heinsen.

De esta manera, la JAD se suma a otras  asociaciones empresariales que han rechazado la medida de las navieras manejadas por el Grupo E. T. Heinsen, por considerar que aumentan los costos de producción,  de exportación e importación,  entre las cuales están la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), la Asociación Dominicana de Almacenistas Importadores (Asodai) y la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC).

Para el vicepresidente de la JAD, Osmar Benítez, el hecho de que la señalada compañía haya aumentado  40 dólares a la tarifa por manejo interno de los contenedores en los muelles,  incrementa el costo del proceso de exportación para el caso de los bienes exportables, lo que reduce las posibilidades de competencia en un mercado internacional “donde nosotros somos tomadores de precios”.

 “O sea, nosotros no decidimos el precio de las mercancías en el mercado internacional; eso lo decide el mercado, y si tú  incrementas los costos de transacción, sencillamente esto te va a sacar de competencia con los suplidores de bienes similares de otras naciones”, explicó Benítez.

También dijo que el aumento de tarifas afecta en particular a  la industria pecuaria, como la  de  los productores de pollos y huevos, que importan granos para la alimentación animal, de manera específica maíz, soya y aceite vegetal.

Dijo que el impacto de la cuestionda medida va a ser en dos direcciones. 

Explicó que, en primer lugar,  a través de la  importación aumenta el costo de los  insumos y estos, a su vez, aumentan el   de producción  y, al final, eso se le va a cargar a los consumidores.

Y en el caso de los productos de  exportación, dijo que la medida “afecta  los niveles de la competitividad nuestra,  porque si no ha ocurrido un aumento similar en otras naciones con economías parecidas, entonces últimamente nosotros estamos subiendo el precio en un mercado internacional altamente competitivo”.

Consideró que  el momento no es oportuno para ese tipo de incremento.

“De hecho, estamos luchando para que bajen algunos costos que son exógenos a la producción, como son el costo del combustible, de la energía eléctrica, y el del transporte”, agregó.

Explicó que cuando se le carga un costo adicional al  comercio exterior, eso tiene un efecto multiplicador en el caso de los productos importados, porque provoca una reacción en cadena que incrementa los costos  desde la mercancía, a la materia prima, hasta el consumidor final.

Agregó que la medida  no solamente incrementa el precio del maíz y las soya, “sino que también los transportistas inmediatamente dirán: ¿ah, pero fruto de eso a nosotros también nos incrementa el repuesto y,  por lo tanto, nosotros tenemos que pasar eso a los consumidores, que en este caso son los productores  procesadores de alimentos balanceados, quienes a su vez lo pasan entonces a los productores de pollos,  cerdos o huevos, quienes a su vez lo pasan finalmente al consumidor”.

Advirtió que “en una situación económica como la que hemos vivido, que estamos saliendo a camino,  no es aconsejable tomar medidas administrativas de incremento de costos, porque eso, al final, perjudica la economía de los más pobres”.

Precisó que la Junta Agroempreserial Dominicana se opone a todo incremento en el costo de transacción para el comercio exterior. 

Regla de juego

La JAD entiende que antes de disponer aumentos de tarifas como el cuestionado,  los proveedores del servicios  deben sentarse a la mesa de diálogo con  sectores  importadores y exportadores.

Mediación

El vicepresidente de la JAD, Osmar Benítez, también considera que debería haber una mediación de la autoridad portuaria y la secretaría de Obras Públicas, las cuales pudieran intervenir para  facilitar el diálogo.