San Juan.- El sector educativo en Puerto Rico vive uno de sus momentos más bajos con el cierre de casi 200 escuelas públicas y una universidad estatal paralizada debido a los recortes aplicados para afrontar la grave crisis financiera de la isla.

La secretaria del Departamento de Educación de Puerto Rico, Julia Keleher, dijo hoy que el cierre de cerca de 200 escuelas, anunciado la semana pasada, es definitivo, decisión criticada por padres y maestros por entender que repercutirá en última instancia en los estudiantes. La decisión provocó protestas durante la jornada de hoy con manifestaciones en varias escuelas.

El pasado viernes, Keleher anunció el cierre de 179 escuelas, lo que afectará a 27.000 alumnos y cientos de maestros, pero que el Departamento de Educación espera que genere ahorros millonarios. Los problemas en el sistema educativo de la isla son todavía más graves a nivel superior, debido a la huelga que mantiene paralizada la mayoría de los centros de la estatal Universidad de Puerto Rico (UPR), a causa, también, de los recortes millonarios.

Los estudiantes de la UPR mantienen paralizado desde hace un mes los recintos de la entidad educativa, incluido el emblemático campus de Río Piedras de la capital, a causa de unos recortes que creen que no garantizan un nivel de calidad mínimo.

El ánimo de los estudiantes se ha caldeado después de que a finales de la pasada semana un tribunal determinara que se reabran los portones del campus de Río Piedras, con fecha límite el próximo jueves. El Consejo General de Estudiantes de la UPR, recinto de Río Piedras, dio hoy a conocer hoy que no acatará la orden, además entregar una propuesta de legislación encaminada a cubrir los recortes presupuestarios que exige la Junta de Supervisión Fiscal, entidad federal impuesta por Washington al Gobierno local para atender la crisis.

Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.

De ahí surgió la ley Promesa, aprobada el año pasado por el Congreso estadounidense ante la imposibilidad de que la isla pudiera afrontar los vencimientos inmediatos de deuda y que ha planteado varios recortes al gasto y en corporaciones públicas para atender la crisis fiscal. Ante la situación, Puerto Rico comenzó la semana pasada un largo camino para el pago de su deuda bajo un proceso de quiebra.