La distribución de electricidad ya está totalmente en manos del Estado y si todo sigue como va es tan sólo cuestión de tiempo para que lo mismo ocurra con la generación eléctrica.

Por razones políticas el gobierno rehúsa aplicar la ley que criminaliza el robo de electricidad.  La misma está vigente desde hace casi dos años todavía no ha sido sometido a la justicia ninguna gran empresa, dueña de almacenes, industrias, hoteles o supermercados, acusada de robar la electricidad.  Mientras esto siga así, el gobierno tendrá que subsidiar a las tres distribuidoras.  Ese subsidio también se mantendrá mientras el gobierno no permita aumentar la factura para que refleje el costo de los combustibles.  Tan sólo entre septiembre del 2002 y mayo del 2003 se permitió que la tarifa reflejase esos costos, eliminándose los subsidios.

El subsidiar la energía con recursos presupuestales no sería problema si los subsidios se pagaran a tiempo. Lamentablemente no ha sido así, lo que ha provocado atrasos que hoy suman US$430 millones. Se alega que ese atraso se debe a falta de recursos presupuestales con qué enfrentar los aumentos del petróleo, pero la realidad es que existe un mecanismo presupuestal compensatorio para enfrentar esos incrementos, representado por el crédito venezolano (PETROCARIBE). Si desde el principio los recursos de ese préstamo se hubiesen aplicado, en su totalidad, o hasta donde fuese necesario, al pago del subsidio, la generación no se hubiese visto afectada, pero esos atrasos han paralizado todos los planes de expansión de los generadores, ya que nadie invierte en un negocio en el cual las cuentas por cobrar al gobierno continúan subiendo en forma extraordinaria.  En el 2012 la actual capacidad nacional de generación será menor que la demanda y tendremos, de nuevo, apagones por falta de capacidad.

La Ley de Capitalización de 1999 estimuló un gran volumen de inversión privada. Dos plantas de carbón en Barahona e Itabo, la Cogentrix, la primera planta de gas natural, así como varias plantas diesel en Azua, Haina, Puerto Plata y La Vega.  Sin embargo, toda nueva inversión se ha paralizado por los atrasos en el pago de subsidios, lo que ha impedido la expansión de las plantas de carbón, la de gas natural, así como la construcción del gasoducto para convertir a Cogentrix a gas natural.  Esas expansiones serían más económicas que promover nuevas plantas de carbón y gas al tener que construirse nuevos muelles.

El gobierno culpa al sector privado por no invertir en nueva generación cuando realmente la culpa es del gobierno por los atrasos en los subsidios.  Segura declaró recientemente: “El sector privado es totalmente responsable del retraso en la generación” (“Clave”, 18 de junio).  Además, no cita el fracaso del gobierno cuando puso condiciones tan difíciles en la licitación para las dos plantas privadas de carbón que a la misma tan sólo concursaron dos empresas de poca reputación y capacidad financiera, una de China Continental (país que no reconocemos por lo que su oferta era nati-muerta) y otra de unos Emiratos.

Quedan dos opciones.  Una es buscar los recursos para poner al día los atrasos (¿bonos soberanos?) implementar la Ley de Criminalización y entregar la administración de las tres distribuidoras a un sector privado con experiencia en el ramo. Esa es la fórmula bajo la cual ese sector invertiría de nuevo en la generación. La segunda opción, que luce ser la que prefiere el gobierno, es asociarse “de Estado a Estado”, con el de los Emiratos Árabes para una planta de gas natural y también con la Korean Corporation, empresa también estatal, para una planta de carbón.  Pero esos dos potenciales inversionistas ya están enterados del problema de los atrasos, por lo que no invertirían.  Tan sólo venderían a crédito las plantas al gobierno dominicano el cual sería su único dueño. Los actuales generadores privados entonces competirían con los nuevos estatales y, bajo esas condiciones durarían poco, pues los subsidios irían prioritariamente a los estatales.