Hoy 
La crisis financiera que sacude al mundo amenaza con efectos mayores para economías como la dominicana. El país ha sido advertido de una prolongada recesión y de una inevitable baja en los flujos de capitales, remesas y turistas. El Estado debe desarrollar planes que respalden al sector privado para mejorar su competitividad. En particular a las industrias, las zonas francas y la producción de vegetales. Pero es innegable que los propios empresarios tienen que hacer mucho más que hasta ahora gerencialmente para que sus productos y servicios sean de calidad y los costos resulten menores.
En cuanto al sector hotelero, hay que admitir que los factores negativos que en particular gravitan sobre el turismo son casi de la exclusiva responsabilidad de las autoridades. Los problemas viales como consecuencia de la falta de mantenimiento y de inversiones a tiempo para dotar al territorio nacional de carreteras modernas y seguras reducen de manera importante los atractivos de zonas costeras. ¿Quién sino el Estado tiene que asumir esas tareas? La arrabalización en entornos de zonas vacacionales expone una consecuencia de la desatención oficial. La inseguridad por la proliferación del delito en el litoral Norte es un problema que tienen que enfrentar las autoridades. La política fiscal que encarece la aeronavegación constituye otro punto a revisar por el gobierno.
Serio problema en San Cristóbal
El crimen tiene su geografía con índices diversos por barrios, regiones y provincias. Llama poderosamente la atención que las probabilidades de ser víctima de la delincuencia parezcan sumamente altas en San Cristóbal en comparación con otros lugares del país. Como también resulta preocupante que otros hechos violentos relacionados en el marco de riñas y de actos contra la mujer allí proliferen.
Ahora que se habla de la urgencia de enfocar territorialmente los avatares de la sociedad, habría que preguntarse si la Policía y la Justicia -en particular el Ministerio Público- colocan sobre San Cristóbal el grado de atención que demandan las agresiones a la ley en esa colectividad. ¿Cuántos agentes están allí destacados en correspondencia con la gravedad de los hechos? ¿Cuentan los guardianes del orden con suficiente movilidad vehicular para atender emergencias? ¿Opera con presteza el Ministerio Público ante una sociedad desesperada?
