El secuestro electoralista dominicano

Todavía tengo en la mente cuando Franklin Almeida y César Pina Toribio, delegados del PLD en la Comisión que discutía en el 2001 una nueva Constitución dominicana; acusaron paladinamente al PRD de pretender eternizarse en el poder como el PRI de México, señalandome a mí de tramar en favor de la reelección del Presidente Hipólito Mejía, a lo que tuve que aclararle que no era partidario de la reelección de nadie y no participaba en manejos de esa calaña.
14 años después, el PLD, el que ha dirigido a este país hacia la total desinstitucionalización antidemocrática del que en la práctica es el primer poder del Estado, como decía Hostos, porque de éste dependen todos los demás, pueden enumerarse algunas distorsiones que ha generado ese partido en nuestro país:
1) Hizo aprobar una nueva Constitución a su medida, disfrazándola de una simple reforma, para no tener que aprobarla por una Constituyente, como correspondía.
2) No ha permitido que se apruebe una Ley Orgánica Electoral con mayoría calificada en violación flagrante del art. 112 de la Constitución. La Ley “vigente” tiene graves carencias que facilitan el fraude y la manipulación.
3) El presidente crónico de la JCE hace lo que le viene en ganas en materia electoral, al margen de la Constitución y las leyes, para beneficios de su partido.
4) El presidente de la JCE, antes de recibir las partidas de dinero a que aspiraba, declaró enfáticamente que para que pudiese aceptarse la repostulación presidencial se requería la aprobación de cinco leyes; pero tan pronto éste “se canteó”, solo se aprobó una de ellas, dejando fuera el referéndum aprobatorio.
5) Todo el proceso electoral, incluyendo la compra-venta de votos y cédulas, la participación activa de dirigentes peledeístas y efectivos militares dentro de los centros electorales, fallas y carencias de técnicos y aparatos electrónicos, marginación de los delegados así como de los propios directores de los colegios y juntas electorales locales.
6) La Constitución manipulada del 2010 incluyó en el Colegio de la Magistratura al Procurador General de la República, en la práctica un empleado del Presidente de la República; y la Ley le dio a éste el voto calificado en caso de empate en la designación de las “altas cortes”, incluyendo el Tribunal Superior Electoral.
7) Para colmo, en franca violación de la Constitución, el Presidente de la República intervino en la elección de su hermana como Presidente de la Cámara de Diputados, para acabar de controlar absolutamente el Consejo de la Magistratura.
8) El sistema electoral dominicano y todas sus instituciones públicas están inficionadas por la corrupción y el autoritarismo del PLD, lo que amenaza gravemente la estabilidad política, económica y social de la nación dominicana.