Tirso Mejía Ricart 
Tirso Mejía-Ricart
El Artículo 216 de la Constitución de la República señala taxativamente que los partidos políticos en su conformación y funcionamiento “deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia”. Es decir, que los ciudadanos deben gozar de plena libertad de formar partidos o grupos políticos, o bien de afiliarse a alguno de los 26 existentes; fortaleciendo así la democracia.
También especifica ese artículo, en su Párrafo 2, que los partidos deben contribuir “a la manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político” con candidaturas a cargos de elección popular.
Obviamente, con elecciones primarias abiertas a todos para los partidos, estén inscritos o no en los mismos, los personeros del gobierno pueden reclutar para influir sobre las candidaturas de oposición con los beneficiarios de los programas de Solidaridad, Bono-gas, Bono-educación, Bono-luz y Bono-vivienda; a los miembros de la burocracia parasitaria y a los integrantes de las “nominillas” que se gasta el PLD en perjuicio del presupuesto del Estado.
La decisión del Senado de mayoría danilista de desafiar la Constitución Nacional, transformando el mandato de “democracia interna”, por una democracia externa” no es solo un delito de lesa patria, sino una demostración del cinismo de que es capaz el despotismo continuista para retener el poder en perjuicio de la ciudadanía y de las instituciones democráticas.
El Artículo 216 de la Constitución sí garantiza a cada ciudadano poder participar en la formación de la voluntad popular a través de su incorporación al partido o grupo político de los 26 establecidos, en base a sus inclinaciones políticas; e incluso a formar junto a otros ciudadanos opciones nuevas e independientes. Lo que no debe aceptarse es que se contamine con intereses espúreos el pluralismo político, que es esencial a un sistema democrático.
A ese respecto, hay que tener presente que la Constitución no es una ley más que puede ser sustituida u olvidada, sino el pacto político de la nación; sobre la cual se basan las leyes y los poderes constituidos en su accionar.
No se trata de “mirar para otro lado”, como dijo el actual Presidente de la República en una ocasión infortunada; sino que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo el Poder Judicial, y las demás entes gubernamentales están en el deber ineludible de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República; y por lo tanto no pueden negar la democracia interna que establece taxativamente el Artículo 216 de nuestra Carta Sustantiva, para obligar a los partidos a permearse a intereses extraños, haciendo posible el adagio de la política sucia de que “siempre que puedas escoge a tu adversario”, lo que equivale a negar las libertades y la democracia que han jurado defender en el ejercicio de su elevado ministerio.
