El Senado  fijó anoche en ocho años de cárcel la pena máxima aplicada a los menores de edad, mediante la aprobación, en primera lectura, del proyecto que modifica varios artículos de la ley 136-03, que crea el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

La pena representa un aumento de tres años a la pena máxima consignada para ese segmento de la población que actualmente es de cinco años. Sin embargo, la propuesta aprobada por los senadores en base al informe de la comisión de Justicia, que preside el senador Francis Vargas, representa una reducción de siete años con relación a la aprobada por los diputados, que era de 15 años.

Vargas (PLD-Puerto Plata) dijo que la comisión que preside hizo un estudio profundo y sin pasión mediante la celebración de vistas públicas, entrevistas a especialistas e incluso viajando a Costa Rica, donde, informó, la elevación de la pena máxima a los menores de edad en conflicto con la ley no ha hecho más que elevar la incidencia de la criminalidad en ese segmento poblacional. El legislador dijo que con esa sanción máxima los menores tendrán la oportunidad de reinsertarse en la sociedad, como debe ser el fin de la pena y como dispone, en tal sentido, la Constitución.