RENÉ FORTUNATO
En estos momentos el futuro del cine dominicano está en manos del Senado de la República. El proyecto de Ley de Cine está bajo estudio de la Comisión de Educación y Cultura, desde hace ya más de tres meses.

Esta Comisión deberá rendir un informe al plenario del Senado dando su visto favorable o no a la aprobación del mismo; también deberá decidir si acoge las sugerencias de modificaciones que ha hecho la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine -ADOCINE-, mediante documento entregado al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, el 23 de mayo de 2007.

Tomando en cuenta los procedimientos y normas del Senado, y dejando de lado la discusión de si fue alterado o no, de si fue consensuado o no, Adocine elaboró un documento que corrige y enriquece la Ley de Cine. Introduciendo modificaciones a las partes alteradas, estableciendo un concepto moderno de concebir el desarrollo de nuestra industria cinematográfica y sometiendo a la consideración de los senadores, tal como se acordó en las negociaciones en procura del consenso, la creación de una estructura institucional sólida que garantice la consecución de los objetivos que persigue la ley.

Esa estructura institucional está planteada claramente en el Capítulo I, artículo 15, donde el documento de Adocine sugiere que diga. «Se crea el Instituto Dominicano de Cine (INDOCINE) como órgano promotor y regulador de la actividad cinematográfica en República Dominicana, con carácter de entidad estatal descentralizada, con autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, patrimonio propio y personalidad jurídica».

Este artículo que crea el Indocine se inserta dentro de la corriente institucionalista y modernizadora del Estado que tanto se pregona en estos tiempos y de la cual el senador Domínguez Brito es uno de sus principales promotores. Por iniciativa suya se creó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con características similares a la del Indocine.

Además de los cerca de diez institutos descentralizados que actualmente dependen del Poder Ejecutivo, en esta administración se ha creado el Instituto de Aviación Civil, el de Patología Forense, el de Protección al Consumidor y recientemente el gobierno anunció la creación, mediante ley, del Instituto Nacional de Estadísticas, para reemplazar a la Dirección Nacional que se encarga de esos asuntos.

La propuesta de Adocine sobre la Ley de Cine es la opción institucional. Que garantiza transparencia, eficiencia y equidad en la administración de los fondos que generará la ley.

Para que se tenga una idea, de aprobarse la ley con el Indocine, las personas que ocupen puestos directivos en ese organismo no podrán acceder a los beneficios económicos que la ley genere. Solo podrán acceder a ellos dos años después de terminada su gestión en ese organismo. Tampoco podrán nombrar familiares hasta un tercer grado de consanguinidad.

Hay que cumplir con el perfil establecido en la ley para poder ocupar puestos ejecutivos y el accionar de sus funcionarios se normará por reglamentos, previamente acordados y aprobados por el Poder Ejecutivo.

Esto es solo una pequeña muestra de la garantía institucional que significará la creación del Indocine, lo cual repercutirá significativamente en el sano desarrollo de nuestra incipiente industria cinematográfica.

Contrario a la propuesta de Adocine, algunos funcionarios de la Secretaría de Estado de Cultura pretenden que la Ley de Cine le otorgue los mecanismos de control y administración de los recursos, facilidades y beneficios que se desprenden de esta Ley, a la Dirección Nacional de Cine -DINAC-.

Esa es la opción «centralizadora». Concentrar todos los asuntos relativos al desarrollo de la industria del cine en un organismo de tercera categoría dentro de la burocracia de una Secretaría de Estado. Ya se a dicho hasta la saciedad que la centralización es una de las causas principales del clientelismo político, el tráfico de influencias, la corrupción y el nepotismo, entre muchos otros males.

Oscuro y sombrío sería el panorama del cine dominicano, si los senadores se dejan confundir y ponen en manos de la oficina de cine de la Secretaría de Cultura el destino de la industria del cine nacional.

No sé porque se insiste en concentrar en ese organismo todo lo concerniente a la participación del Estado en el desarrollo de la industria. Ya que a altos niveles de la Secretaría de Cultura, tengo testimonios, estarían felices que le quitaran ese problema de encima.

Con los cientos de problemas que tienen ya les es suficiente.

Abrigamos la esperanza de que en el Senado de la República predomine la razón. Que se legisle, como la sociedad espera, poniendo en primer lugar lo que más le convenga a la nación dominicana y dejando de lado la presión y manipulación de dos o tres personas ajenas a nuestro sector y desconocedores de los problemas que obstaculizan el desarrollo de la industria cinematográfica en nuestro país.

Sensatez, sensibilidad y responsabilidad es lo que los cineastas dominicanos esperamos de los senadores.