Los militares adscritos al Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) se mantendrán en el vertedero de Duquesa para evitar que la empresa Lajún Corporation, que lo administra, impida el paso de los camiones recolectores de basura de los municipios de la provincia Santo Domingo y del Distrito Nacional, como ocurrió el mes pasado.
Así lo informó Francisco Domínguez Brito, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien expresó que esa institución no permitirá que la referida empresa cierre las puertas del vertedero porque está en juego la salud de los residentes de la capital de la República.
“Independientemente de los problemas que tiene la empresa con los municipios por el tema de las tarifas y los cobros, la población no puede pagar las consecuencias de esas dificultades administrativas, la salud de la gente está por encima de los intereses que hay de por medio.
“En modo alguno vamos a permitir que se cierre una puerta de Duquesa para impedir que un ayuntamiento lleve sus residuos sólidos a ese vertedero”, refirió el funcionario.
El problema entre Lajún Corporation y los ayuntamientos surgió porque esa compañía pretendía aumentar la tarifa unilateralmente por el uso del vertedero; como los alcaldes se opusieron a la medida, la empresa impidió el acceso de los camiones recolectores de basura, lo que provocó una enorme acumulación de desechos.
Ante los riesgos ambientales que esa situación produjo, intervinieron los ministerios de Medio Ambiente y de Salud Pública.
Las irregularidades. El vertedero de Duquesa representa más que un inadecuado manejo de la basura, por los altos niveles de contaminación que genera, una maraña de irregularidades en la concesión de los terrenos a empresas extranjeras.
Domínguez Brito explicó, con relación a la propiedad de los terrenos, que a todas luces hubo maniobras en las cuales los primeros adquirientes lograron pasar a su propiedad un inmueble que no les corresponde, que es propiedad del Estado “y eso no puede ni debe quedarse así”.
En cuanto a la concesión a Lajún Corporation, el municipio Santo Domingo Norte es el que tiene las prerrogativas legales, “aunque esa concesión se manejó de manera incorrecta”.

Sobre la posibilidad de que el contrato sea rescindido, dijo que eso está en manos del referido ayuntamiento, y que sus autoridades tienen conversaciones con la empresa sobre esa posibilidad. Sin embargo, los demás cabildos tienen contratos individuales con la firma, que tienen que ver con el pago de tarifas por el uso del vertedero.