El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador inició una guerra cuyo desenlace es muy incierto y de pronóstico reservado: el combate contra el robo de combustible en el país.

No está claro todavía si AMLO fue consciente de que emprendería una lucha que marcaría el tono de su gobierno o si eso fue simplemente el resultado de las circunstancias.

El diagnóstico era demoledor: el valor estimado del combustible robado alcanzaba los 60 mil millones de pesos anuales. Esto quiere decir que se hurtaban aproximadamente 164 millones de pesos cada día. Considerando un precio redondeado a 20 pesos por litro, eso equivale a 8.2 millones de litros al día.

Y lo peor era la velocidad a la que crecía el problema. En el sexenio de Peña Nieto se triplicó el valor de lo robado.

Había además otro agravante: la complejidad de las redes delincuenciales que se dedican a esta actividad.

Por un lado, están los grupos criminales bien organizados que encontraron en este delito una vía para “diversificar” sus ingresos; por el otro, hay miles de personas implicadas en el robo a pequeña escala, al grado que se han identificado comunidades que tenían al llamado “huachicoleo” como una de las fuentes de ingresos más importantes. Y además, había una serie de autoridades en distintos niveles metidas en la delincuencia, desde policías municipales hasta generales, pasando por alcaldes, diputados y otros personajes.

El entramado de este robo es complejo, denso y muy difícil de deshacer.

El combate formal a este delito viene desde los tiempos de Vicente Fox. Pero, nunca se llegó al fondo por los costos políticos que eso hubiera representado.

AMLO fue indiferente a esos costos y a menos de un mes de comenzar su gobierno metió al ejército en las instalaciones de Pemex y cerró ductos.

El desastre en la distribución de combustible que ello produjo no fue obstáculo para seguir, en vista del gran respaldo popular que esas medidas consiguieron.

Tampoco lo fue el enorme costo humano con alrededor de un centenar de muertos, tras una explosión ocurrida en un ducto perforado.

No se sabe cómo fue el hecho y si un incidente así pudo haber ocurrido aun sin el combate al ‘huachicol’, pero adquirió una visibilidad aún mayor en el contexto de esta guerra.

Hay todos los indicios de que para López Obrador, esta contienda va más allá de su implicación específica. Se quiere mostrar el músculo del Estado.

Así como la cancelación del aeropuerto fue para mostrar que el poder político estaba por encima del poder económico, la guerra contra el robo de combustible es para mostrar que el Estado sigue mandando sobre la delincuencia. El problema es que, en este caso, el resultado es mucho más complejo e incierto.

Pero ya no hay reversa. Hay miles de soldados desplegados en el país dedicados a esta tarea. Pero, como en las guerras de guerrillas, los grupos delincuenciales retroceden y luego reaparecen robando nuevamente los ductos o haciendo un trabajo de facto de sabotaje.

Si no se articula adecuadamente, esta tarea puede parecerse a la de Sísifo, pues apenas se logra reabrir un ducto cuando pronto llega una perforación que obliga a cerrarlo.

La guerra contra el robo de combustible puede ser una metáfora de lo que suceda en otras tareas como, por ejemplo, el combate a la corrupción.

Para lograr resultados efectivos y duraderos se necesita emprender una reconstrucción institucional que no va a ser rápida ni fácil. Así, en el caso del robo se necesita una combinación amplia y diversa de políticas públicas.

Sin embargo, ese no es el estilo de AMLO en la mayor parte de las tareas que ha emprendido. El mandatario busca resultados rápidos.

Hasta ahora quizás la única excepción es la política fiscal, en la que el gobierno ha estado dispuesto a aceptar la disciplina en las finanzas públicas, aunque esto le represente un menor crecimiento.

Si el resultado de la guerra contra el “huachicol” es positivo, la fuerza que ganará AMLO será enorme.

Se distinguirá realmente de las anteriores administraciones y la gente estará en disposición de tolerar los costos de los programas de gobierno porque ve beneficios de largo plazo.

Pero en el caso de que esta guerra sea una especie de “Vietnam” que hiciera necesario meter más y más recursos con un resultado incierto y con costos crecientes, entonces podría significar una erosión significativa de la imagen y el respaldo.