La seguridad ciudadana es considerada en la actualidad como una condición clave para propiciar el clima de confianza necesario al desenvolvimiento de las actividades sociales y económicas que posibilitan el desarrollo económico y social sostenido.

En otras palabras, si una sociedad permite que la violencia, la criminalidad y la corrupción de los poderes públicos llamados a garantizar el orden social avancen hasta lo que pareciera ser un punto sin retorno, se perjudica irremediablemente  el potencial de desarrollo económico y social de dicha sociedad, pues además de los costos en pérdidas de vidas humanas, lesiones a la integridad física de las personas y daños a la propiedad privada y pública, también se destruye el capital social que garantiza la acción en común orientada al logro de una vida mejor.

Según el reporte del Banco Mundial titulado “Crimen, Violencia y Desarrollo: Tendencias, Costos y Opciones de Política en el Caribe” (2007), mediante la aplicación de un modelo de simulación se planteó el siguiente escenario: si la República Dominicana  hubiera reducido su tasa de homicidio en el período 1996-2000 (16.5) a los niveles del promedio de la tasa de homicidio de Costa Rica en el mismo período (8.1), el país habría incrementado en 1.8 su crecimiento per cápita (p.84).  En consecuencia, no sólo el desarrollo se reciente por las pérdidas materiales y personales provocadas directamente por la violencia delictiva y la inefectividad de los poderes públicos, sino que también se deteriora el clima de confianza para atraer las inversiones y fomentar el empleo decente, así como la vida de los ciudadanos y las ciudadanas en los espacios públicos. 

En ese orden, la inseguridad ciudadana acaba  provocando un grado de  miedo y desconfianza hacia los demás que minan la cohesión social necesaria para concitar una voluntad colectiva orientada hacia tareas que promuevan el desarrollo humano. ¿Cómo se define entonces  la seguridad ciudadana? En principio, la seguridad ciudadana puede entenderse como la situación institucional y social en la cual las personas pueden gozar plenamente de sus libertades y  ejercer integralmente derechos.

En otros términos, la seguridad ciudadana no es más que la vigencia plena del Estado Democrático de Derecho, lo cual implica  la preservación de la seguridad jurídica y la seguridad pública y privada. Esto significa que las condiciones institucionales, tanto las jurídicas como las políticas,  tienen un peso significativo en la conformación de la seguridad ciudadana.

Habida cuenta de lo observado arriba, y tras revisar documentos de investigación así como de debates en seminarios sobre el tema, podemos lograr una definición amplia como la siguiente:

Definiremos la seguridad ciudadana como una situación política y social en la cual las personas tienen garantizado el pleno disfrute de sus derechos, por lo que existen mecanismos institucionales eficientes para prevenir y controlar los peligros, coerciones ilegítimas –ya bien sea por parte de los aparatos públicos o por particulares- o violencia física o psicológica que pudiesen lesionar dichos derechos.

Diversos autores, tanto nacionales como extranjeros, han señalado la relación entre altos niveles de inseguridad ciudadana y altos grados de inequidad y bajo desarrollo. Desafortunadamente, América Latina está fuertemente afectada por esta relación, de ahí que los niveles de inseguridad ciudadana expresados en un indicador como la tasa de homicidios sean significativamente más altos que en países caracterizados por bajos niveles de inequidad y alto grado de desarrollo. Mientras la tasa de homicidios en América Latina ha estado por encima de 20 en la última década, en los países desarrollados ha oscilado entre 0 y 5.   

La lectura de un trabajo elaborado por los investigadores dominicanos Mayra Brea y Edylberto Cabral, el primero titulado “Violencia en la República Dominicana: tendencias recientes”, del año 2003, responden a la pregunta de cómo afecta la violencia y la criminalidad al estado de la seguridad ciudadana en República Dominicana, proponiendo los siguientes argumentos:

Parece haber relación entre la tasa de homicidio con los siguientes indicadores: nivel de ingreso, distribución del ingreso a nivel urbano (Gini), línea de pobreza, niveles de educación y de empleo, gasto social per cápita y gasto social en relación al Producto Interno Bruto (PIB), al comparar estas variables entre el caso dominicano y otros nueve países del hemisferio.

Sin embargo, en la República Dominicana la tasa de homicidio crece independientemente del crecimiento del PIB/CÁPITA, contraviniendo la hipótesis económica sobre la delincuencia que sostiene la existencia de una relación inversa entre el comportamiento de la economía y la delincuencia, ceteris paribus. Por ejemplo, se observa un incremento de la tasa de homicidio en períodos de alto crecimiento del PIB, como es el último lustro de la década del 90 (2003, pp.10-11).

Como se puede apreciar, la seguridad ciudadana descansa en una multiplicidad de factores, y resulta de gran interés el argumento de que el incremento de la tasa de homicidios puede persistir en períodos de alto crecimiento económico, implicando que, en términos de políticas públicas, no basta con tener altas tasas de crecimiento para reducir las tasas de homicidios.

Por ello la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla objetivos y líneas de acción determinadas que garanticen el clima de seguridad ciudadana necesario para el desarrollo. 

En agosto de 2009, según la Procuraduría General de la República, la tasa de homicidios fue de 20.8; se espera que con la aplicación correcta de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ésta se reduzca un 12% anualmente y sea de 1.2 en 2030, y el país se coloque entre el 37% de países con menor tasa de homicidios.

En este orden, es preciso enfrentar el problema en las siguientes dimensiones:

1) La dimensión judicial, para garantizar la aplicación de la ley de forma que no se admita la impunidad, diseñando un sistema judicial ágil, accesible, eficiente, dotado de un alto grado de profesionalidad y de eficiencia, así como el desarrollo de un sistema de resolución de los procesos judiciales eficientes y rápido.

2) La dimensión penitenciaria, profundizando la reforma del sistema penitenciario en curso, para convertirlo en un medio de verdadera rehabilitación y reeducación de las personas que cumplen penas, libre de los inconvenientes institucionales que han caracterizado el sistema penitenciario tradicional.

3) El combate a los determinantes de la delincuencia garantizando el control del uso de armas, el consumo de drogas y juegos de azar, el mantenimiento de la población joven en el sistema educativo, la provisión de oportunidades y medios para que ésta participe en actividades sociales, culturales, recreativas y se integre al mercado laboral; ejecución de programas de concienciación en valores a las familias enfatizando los valores de la convivencia ciudadana, así como estimulando las comunidades en la construcción de un clima de seguridad en su entorno.

4) Finalmente, se pretende profundizar los procesos de reforma de la Policía Nacional, de modo que ésta pueda lograr las capacidades necesarias y los recursos logísticos para enfrentar y prevenir el delito y la violencia, y lograr a la vez que la policía tenga un mejor relacionamiento con las comunidades y la ciudadanía en general. Esto debe acompañarse con un proceso de fortalecimiento de los sistemas de control interno, en los cuales descansaría la garantía del cumplimiento del deber policial, el cual obedecerá a los principios de transparencia, idoneidad, lealtad y respeto al poder civil y a la ciudadanía.

La cifra

20.0 por ciento.  Es la tasa de crecimiento de homicidios en los países de América Latina en la última década.   Mientras  en las naciones desarrolladas esa tasa   oscila entre 0 y 5%,  lo que significa que latinoamérica está en desventaja.

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Tasa de  homicidios

Según el reporte del Banco Mundial titulado “Crimen, Violencia y Desarrollo: Tendencias, Costos y Opciones de Política en el Caribe” (2007), mediante la aplicación de un modelo de simulación se planteó el siguiente escenario: si la República Dominicana  hubiera reducido su tasa de homicidios en el período 1996-2000 (16.5) a los niveles del promedio de la tasa de homicidios de Costa Rica en el mismo período (8.1), el país habría incrementado en 1.8 su crecimiento per cápita (p.84).  En consecuencia, no sólo el desarrollo se reciente por las pérdidas materiales y personales provocadas directamente por la violencia delictiva y la inefectividad de los poderes públicos, sino que también se deteriora el clima de confianza para atraer las inversiones y fomentar el empleo decente, así como la vida de los ciudadanos y las ciudadanas en los espacios públicos de la nación.

El autor es sociólogo, analista principal de Bienestar Social, Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Ministerio  Economía, Planificación y Desarrollo.