El sistema carcelario de la República Dominicana ha colapsado. Las cárceles, principalmente las tradicionales, están en pésimas condiciones, no son dignas de seres humanos, porque se encuentran súper pobladas en un 74%, existe violencia policial  contra los ciudadanos y no se respeta la presunción de inocencia.

En una entrevista, en su despacho, la directora nacional de Defensa Pública, Laura Hernández, cuenta con pesar sus  frustraciones e inconformidades en los casi 10 años que tiene al frente de esa institución, la cual se consignó en la Constitución  de 2010.

 “Casi todas las cárceles están llenas, La Victoria está sobrepoblada, o sea tiene internos por encima de su capacidad; Najayo está cerrada, porque no le cabe un preso más, no están recibiendo hasta tanto salgan unos cuantos de los internos. Pero en cárceles como la de Monte Cristi todos duermen en el patio, a la intemperie, bajo agua, sol y sereno”, expresa la funcionaria.

Por la gravedad de la situación, dice que apoya las cárceles del nuevo modelo penitenciario llamados Centros de Corrección y Rehabilitación (13 en total) y que albergan solo el 20% de la población carcelaria; empero, entiende que se deben buscar soluciones para el restante 80% de los internos que, lamenta, pasan grandes penurias porque están en cárceles tradicionales.

La defensa pública, que define Hernández como el contrapeso de la persecución del Ministerio Público y de la Policía Nacional  y como el brazo social de justicia del Estado, encuentra en los procesos  fuertes obstáculos porque, dice,  el sistema de administración de justicia requiere de transformaciones, no necesariamente legislativas sino de mentalidad.

La necesidad de esos cambios salió a relucir en el segundo censo nacional penitenciario publicado  este año. El levantamiento hecho en 22 cárceles del modelo tradicional y 13 del nuevo modelo penitenciario y en siete áreas de detención preventiva.

De los 22,007 internos hay 10,502 preventivos. Del 2006, cuando se realizó el primer censo,  a noviembre de este año, hubo un aumento de la población carcelaria de un 36%, lo que, a juicio de Hernández es preocupante.

 Populismo penal.   Atribuye la súper población en los recintos carcelarios a la enorme cantidad de internos preventivos y a lo que denomina el “populismo penal”. Explica que jueces bajo presión social  envían a prisión preventiva a ciudadanos que son acusados por hechos sencillos “por simple bagatela”.

 Permanencen en las cárceles por uno, dos y tres años y cuando  son llevados a los tribunales, el juez mediante una sentencia lo declara inocente, pero ya con una vida destruida  moral, familiar y económicamente.  Hernández cree que mientras exista presunción de inocencia a los acusados se les debe poner una fianza, visita periódica u otra medida que no se convierta en un castigo anticipado. Lo contrario,  dice, sería  negar justicia y violar derechos.   

Propugna desde la defensa pública  por un cambio en la política criminal del país. 

La clave

Defensores públicos

Hay defensores públicos en todos los palacios de justicia, quienes ofrecen sus servicios de manera gratuita a los ciudadanos. Esa oficina atendió el año pasado más del 62% de todos los procesos penales del país. Es la cara de la justicia penal y de la pobreza. Tienen 22 oficinas en todo el país y un presupuesto asignado de RD$240 millones lo que, dice, resulta insuficiente. Tienen 164 defensores públicos y para cubrir la demanda necesitarían completar unos 300.