Después de la desaparición de la dictadura, el concepto de Justicia Social formó parte de los discursos progresistas de la clase política que se conformó a la luz de la nueva realidad social dominicana, sin Trujillo y con esperanzas de que la libertad incluyera los más anhelados derechos de los seres humanos. Para los más de tres millones de dominicanos que conformábamos la población, principalmente rural y con poca formación académica, el concepto no era conocido ni asimilable fácilmente, salvo por los didácticos discursos del profesor Juan Bosch que definió y enseñó a diferenciar las razones del porqué éramos tan pobres como nación, y que a base de repetirlos se fueron asimilando de manera paulatina.
A más de 50 años de la transición es que se ha aprendido un poco la lección, sobre todo porque el discurso sobre la Justicia Social se convirtió en el referente obligado de todos los que se involucraron y lo asumieron como lema, y que su repetición permitió que la gente se empoderara y reclamara que, de alguna manera, esas palabras y conceptos tuvieran una expresión concreta que le sirviera de algo, dando paso a conquistas todavía en construcción.
Una de ellas es el Sistema Dominicano para la Seguridad Social. Recuerdo con la fuerza que el doctor José Francisco Peña Gómez lo defendió; el compromiso del sector sindical y de todos los sectores y personas que entendían que ese sistema era lo más cercano a la equidad expresada en la llamada Justicia Social, término inusual en la actualidad porque nuevas palabras lo han sustituido, aunque la brecha de la desigualdad haya crecido.
Pasaron más de 40 años de la desaparición de la dictadura para que se hiciera posible la existencia de una ley que garantizara el sistema de Seguridad Social, que implicaría un mejor servicio de salud y un sistema de pensiones que abarcara a todos los trabajadores y sus familiares.
Es así como en el año 2001 nace la Ley 187-01, definida como de gran sentido humano y de gran impacto social y económico, pero en su aplicación se han encontrado lagunas cuyos resultados afectan a los más vulnerables.
En vista de que a 15 años de su aparición la ley no es igual para todos en su aplicación, se ha pensado en la posibilidad de modificarla, cosa que aplaudimos, pero entendemos que el concepto de “universalidad, sin discriminación de sexo, salud y condición social”, prevista en el artículo 3 de la ley, debe ser ampliado para que incluya la no discriminación por edad y que el sistema deberá proteger a todos los dominicanos desde que nacen hasta que mueren.