Además de los graves problemas estructurales y legales que tiene la legislación dominicana, los que hemos venido comentando en artículos anteriores, existen otras limitaciones y prácticas que se prestan a inconductas que conspiran contra la existencia de comicios libres y limpios en el país.

Por una parte, las circunscripciones electorales del Gran Santo Domingo y de la Provincia de Santiago no se corresponden con sectores socio-económicos diferenciados, y por la otra no se han implementado las circunscripciones municipales en las demás provincias.

No es posible que se permita que por “mandato” se asignen candidaturas. Un proyecto de Ley del PLD propone además hasta un 25% de los candidatos sean señalados “de dedo”.

No hay mecanismos efectivos para cortar el tráfico de listas y cambios de candidaturas al margen de las normativas vigentes.

Se deja al libre albedrío de las cúpulas partidarias en los procesos de selección de candidatos, en lugar de respetar a las normas democráticas que consigna la Constitución. Hay una casi total centralización y discrecionalidad en el manejo de los procesos electorales por parte del Presidente de la JCE.

El Presidente y el Secretario de los colegios electorales no deben ser simpatizantes de las mismas candidaturas y ambos deben firmar las boletas y actas, para evitar los fraudes que producen en cada elección.

No existen garantías contra el uso y abuso por el poder público con los recursos del Estado y los actos del Estado para fines partidistas.

No hay en la práctica sanciones para los que infringen las leyes electorales.

Se debe establecer una fiscalía electoral designada por más de dos terceras partes de los miembros del Congreso para perseguir los delitos electorales, a fin de que se respeten los derechos de la ciudadanía.

No se cuentan los votos cuando hay discrepancias en las actas, o por denuncias justificadas con los resultados que aparecen en las actas de votación.

Estas y otras irregularidades justifican una revisión a fondo del sistema electoral dominicano que ha sido manipulado constantemente por las autoridades correspondientes en los últimos años.

Este es el momento para que la sociedad civil dominicana y la comunidad internacional presione hacia el establecimiento de un sistema electoral realmente democrático