Un país sin un sistema judicial que funcione de manera independiente y que esté integrado por gente capaz, honesta, responsable, justa, y con decisión de impartir justicia de una manera ágil y eficaz, es como un barco a la deriva.

Sin él, sus ciudadanos se encuentran indefensos y desprotegidos, a merced de la ambición de los poderosos, del poder y la voracidad de los políticos, y del antojo de los delincuentes, sujetos a un régimen en donde la impunidad es la norma, y el castigo la excepción.

En estos casos, que no solo ocurren en nuestro país, la ciudadanía hastiada de lo que acontece, comienza a aplaudir el linchamiento de los delincuentes, a escuchar a quienes les parece que pueden ofrecer seguridad y paz, añorando al hombre fuerte que fusila y “tranca” para “proteger” a los débiles y temerosos.

Entonces es cuando surgen aquellos que hablando de democracia conculcan libertades, originan el caos y colocan a las naciones al bordo del abismo.

La debilidad, falta de institucionalidad y dependencia política de nuestro sistema judicial es para preocupar a todos, pero la culpa de lo que ocurre recae en nosotros mismos, quienes hemos permitido que frente a nuestros ojos se realizaran las negociaciones y componendas que dieron lugar a lo que hoy tenemos, escuchándose muy pocas voces de protesta cuando esto ocurrió.

En estos días, el tema de la corrupción, en sus modalidades de malversación de recursos, enriquecimiento ilícito, falta de transparencia, aprovechamiento indebido de una función pública, etc., vuelve a adquirir protagonismo. En esta ocasión, de nuevo, el más el más alto tribunal de justicia de nuestro país está frente a los ojos de la opinión pública, quien está pendiente de sus decisiones

Tengo la convicción de que casos como el que nos ocupan no competen solo a la justicia, la sociedad también tiene un rol que jugar, sancionando con su actitud a los corruptos, y no eligiendo y reeligiendo a quienes no merecen las posiciones electivas alcanzadas, pero sin una educación adecuada no es posible tener una conciencia sensible que pondere objetivamente estos asuntos.

Necesitamos una justicia diferente, que castigue no solo a los corruptos del sector privado, sino a todo aquel que viole la ley, no importando su investidura, su relevancia política, ni el color de su partido. Lograrlo no es tarea fácil, muchos intereses se interponen.

Para lograr que esto suceda, la ciudadanía tiene que movilizarse y exigirlo sin descanso, en caso contrario continuaremos viendo representantes del Ministerio Público actuando incorrectamente y jueces dictando sentencias complacientes e indignantes.