LEANDRO GUZMÁN
Las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) continúan con sus tradicionales reclamos de que el Gobierno elimine los subsidios del gas licuado del petróleo y de la electricidad.

En más de una ocasión hemos planteado la eliminación del subsidio eléctrico, pero no así de simple, sino con la condición de que se elabore un proyecto encaminado a masificar el uso de paneles solares en aquellas construcciones, viejas y nuevas, financiadas por las Asociaciones de Ahorros y Préstamos y los bancos comerciales.

Las que actualmente están subsidiadas, que son la mayoría, con facturaciones que oscilan entre los 200 y 300 y que carecen de medidores, con la libertad de usar la energía en los más variados equipos: aparatos de radio y televisión, computadoras, neveras, etc, también deber ser beneficiarias del proyecto.

La idea es eliminar los subsidios a quienes están en esa categoría, financiándoles energía solar, que contaría con paneles, baterías e inversores. Hemos calculado que el costo de tales equipos no sobrepasaría, como mucho, los 300 mil pesos, que bien podrían ser financiados a mediados y largo plazo, con cuotas que podrían estar por debajo de lo

que pagan actualmente de energía subsidiada. La ventaja sería que miles de viviendas así financiadas salen del sistema eléctrico nacional, lo que haría bajar significativamente el uso del petróleo, cuyos precios tienen arrodillada la economía del país.

El mismo sistema podría aplicarse a las nuevas viviendas populares que se construyen con financiamientos del Banco Nacional de la Vivienda, las Asociaciones de Ahorros y Préstamos y los bancos comerciales.

La Comisión Nacional de Energía debería seleccionar, en principio, 20 mil viviendas entre las subsidiadas para aplicar este proyecto. Estamos seguros de que en un futuro casi inmediato se verán los resultados.

Los proyectos presentados por el Gobierno, que así lo ha informado, conllevan un plazo de seis años, período demasiado largo en momentos en que el país es sometido al sacrificio de los apagones y el costo de la facturación del kilovatio-hora, lo que constituye una retranca para el desarrollo, pues aparte de que virtualmente paraliza al sector productivo de la Nación, obliga al uso continuo de plantas de emergencia, con el consiguiente elevado consumo de combustibles importados.

Hace poco, el honorable Embajador de Argentina en el país reveló en un programa de televisión que el Gobierno Dominicano hace gestiones con el Gobierno de Buenos Aires para ver la posibilidad de instalar un reactor nuclear en la República Dominicana.

Como sabe casi todo el mundo, los reactores nucleares funcionan con uranio, del cual carecemos, pero que además es un producto de uso controlado por la Comisión Internacional de Energía Atómica, dado que a partir del uranio enriquecido es que se produce la bomba atómica.

No hay que olvidar que hace más de 20 años, cuando contaba con el firme y poderoso apoyo de la Unión Soviética, Cuba se embarcó en un proyecto nuclear que nunca pudo terminar.

Jamás se ha vuelto a hablar de eso, no obstante que en Cuba hubo largo período de apagones que actualmente se han reducido a su mínima expresión por la aceleración de un programa eléctrico claramente definitivo.

Insistimos en nuestras sugerencias en el sentido de que se busquen otras fuentes alternativas de energía, que sean más rápidas y efectivas, como por ejemplo la energía solar y la energía eólica.

En fecha reciente, alguien habló de que era imposible desarrollar la energía eólica en el país porque somos una tierra de ciclones. Sin embargo, quien así opinó olvidó que la costa Norte del país raras veces sufre los efectos de los ciclones, razón por la cual es una zona sumamente apropiada por la instalación de los molinos de vientos que sean capaces de generar energía. Un megaproyecto de energía eólica se puede integrar perfectamente al sistema eléctrico nacional, eliminándose así un renglón apreciable en el consumo de petróleo. Otra alternativa sería utilizar los micro-aero-generadores, que pueden producir energía suficiente para alimentar baterías de inversores capaces de satisfacer las necesidades de una vivienda modesta donde no haya derroche.

Estamos conscientes también del papel fundamental que jugarán las hidroeléctricas en proceso de construcción y contratación que tiene el Gobierno, pero tampoco hay que olvidar que se trata de proyectos a largo plazo, pues el tiempo mínimo que se requiere para construir una presa oscila entre tres y cuatro años, conforme a nuestra propia experiencia.

La Comisión Nacional de Energía también podría poner en marcha un plan piloto con los micro-aero-generadores. El Gobierno también debería explicar con claridad cómo logrará financiar los proyectos anunciados, que según lo dicho terminarán con los apagones dentro de seis años y, además, contribuirán a reducir el costo de la tarifa en un 46 por ciento. No hay que olvidar que los trámites para el uso de recursos financieros también toman su tiempo, sobre todo cuando se trata de organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que son los que menos intereses cobran sobre los préstamos. Es preciso decir que nos alegra muchísimo ver el bien estructurado plan presentado por el Gobierno para poner fin a la crisis eléctrica, que ahoga al sector productivo nacional y que se refleja negativamente en una población cansada de tantos anuncios de solución, reiterados desde hace más de 30 años.